Por Juan Pablo Ojeda
La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inició formalmente el análisis para implementar la técnica de fracturación hidráulica, o fracking, en México, con el objetivo de mitigar la dependencia energética. Actualmente, el 75% del gas natural consumido en el territorio nacional proviene de Estados Unidos, una vulnerabilidad logística que el Poder Ejecutivo busca corregir mediante la explotación de yacimientos no convencionales en regiones como Coahuila.
Para validar la viabilidad técnica de este proyecto, se ha conformado un comité interdisciplinario integrado por especialistas de la UNAM, IPN, UAM y la Universidad Autónoma de Nuevo León. Este grupo de expertos, que incluye al Instituto Mexicano del Petróleo, dispone de un plazo de 60 días para entregar un informe técnico sobre las condiciones geológicas y ambientales bajo las cuales se podría operar sin comprometer los mantos acuíferos.
La infraestructura de Pemex ya cuenta con antecedentes en el uso de esta técnica en proyectos como Aceite Terciario del Golfo. Datos de la Secretaría de Hacienda revelan que, tan solo en 2024, se proyectó una inversión superior a los 4,000 millones de pesos para desarrollos vinculados a la explotación de gas en lutitas, a pesar de la retórica prohibitiva de la gestión federal anterior.
Desde una perspectiva estadística, la producción interna de gas ha sido insuficiente para cubrir la demanda del sector industrial y eléctrico. El viraje hacia el «fracking no tradicional» responde a una necesidad de balance comercial. El gobierno federal enfatiza que la decisión se basará en evidencia científica y no en criterios puramente económicos o políticos.
El análisis también contempla el impacto hídrico en las zonas áridas del norte del país. La participación del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua es clave para determinar si el volumen de líquido requerido para la inyección en pozos es compatible con el consumo humano y agrícola de la región. El informe final definirá la ruta crítica de las licitaciones o asignaciones directas para Pemex.
Expertos del sector energético señalan que la transición hacia la autosuficiencia en gas natural requiere una inversión sostenida en tecnología de perforación profunda. La apertura a este debate sugiere una modificación en la estrategia de seguridad nacional, priorizando el abastecimiento interno sobre las restricciones ideológicas que caracterizaron los planes quinquenales previos.
Finalmente, el gobierno ha asegurado que cualquier proyecto derivado de estas recomendaciones será sometido a consulta en las comunidades locales. No obstante, el foco principal reside en la rentabilidad técnica de los campos de gas no convencional, cuya explotación podría reducir significativamente el costo de generación de energía eléctrica en el mediano plazo.