De acuerdo con información oficial, la víctima, de 27 años, fue localizada sin vida el pasado 15 de abril de 2026 al interior de su domicilio. La necropsia practicada por servicios periciales confirmó que presentaba al menos 12 impactos de arma de fuego, distribuidos entre la cabeza y el tórax, lo que evidencia un alto grado de violencia en el ataque.
La FGJCDMX informó que la carpeta de investigación se inició formalmente el 16 de abril, un día después del hallazgo, tras la presentación de una denuncia. Conforme a los lineamientos institucionales, el caso se investiga bajo el protocolo de feminicidio, que obliga a considerar elementos de violencia de género, contexto relacional y posibles antecedentes de agresión.
En el avance de las indagatorias, autoridades señalaron que al momento del crimen se encontraban en el inmueble el esposo de la víctima, identificado como Alejandro, así como su suegra, Erika María “N.”, quien es considerada la principal sospechosa y actualmente se encuentra prófuga. En el lugar, peritos aseguraron un arma de fuego calibre 9 milímetros, siete casquillos percutidos y cuatro proyectiles deformados, los cuales forman parte de la evidencia balística.
El caso ha tomado relevancia pública no sólo por el perfil de la víctima, sino por los indicios de que el hecho pudo haber sido captado por cámaras internas del departamento, material que ya es analizado por la fiscalía como parte de la reconstrucción de los hechos. No obstante, organizaciones civiles han advertido sobre la necesidad de que la investigación se conduzca con rigor técnico y sin dilaciones.
Familiares de Carolina Flores, particularmente su madre, han denunciado públicamente posibles sesgos de género en el tratamiento inicial del caso y han exigido que no se minimice como un conflicto doméstico. En ese contexto, han convocado a movilizaciones y actos de protesta en la Ciudad de México para exigir justicia y castigo a los responsables.
Colectivos feministas y organismos de derechos humanos han señalado que este caso refleja patrones persistentes en la investigación de muertes violentas de mujeres, como la tardanza en la denuncia, la revictimización y la presión social necesaria para que las autoridades apliquen correctamente el tipo penal de feminicidio. En ese sentido, recordaron que, conforme a la legislación vigente y a criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, toda muerte violenta de mujer debe investigarse con perspectiva de género desde el inicio.
La FGJCDMX aseguró que continuará con las diligencias ministeriales, periciales y de inteligencia para esclarecer los hechos, localizar a la persona señalada como responsable y garantizar el acceso a la justicia para la víctima y su familia. Mientras tanto, el caso se mantiene bajo escrutinio público como un referente del seguimiento institucional frente a la violencia feminicida en la capital del país.