En el Congreso volvió a encenderse un debate que mezcla energía, medio ambiente y decisiones de largo plazo: el uso del fracking en México. Esta técnica, que se utiliza para extraer gas y petróleo del subsuelo, está otra vez en la mira de legisladores que buscan prohibirla de forma definitiva.
En medio del debate sobre cómo hacer más eficiente el gasto público, el senador Ignacio Mier Velazco puso sobre la mesa una idea que puede sonar técnica, pero que en realidad tiene impacto directo en el bolsillo de la gente: aplicar cambios para ahorrar recursos en congresos estatales y ayuntamientos sin necesidad de esperar nuevas leyes secundarias.
En medio de un debate que lleva años en la conversación pública, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, anunció la entrada en vigor de una reforma constitucional que busca ponerle un alto a las llamadas “pensiones doradas” dentro del gobierno. En términos simples: se acabaron las jubilaciones millonarias para altos funcionarios que, al dejar el cargo, seguían cobrando cantidades muy por encima del promedio nacional.
En el Congreso mexicano ya se movió una pieza importante del tablero político. La Cámara de Diputados aprobó una reforma impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que busca meter orden en cómo se organizan los gobiernos locales y, sobre todo, en cuánto dinero se gasta en ellos.
López Rabadán detalla topes de 0.7% en presupuestos estatales y límites a salarios electorales tras recibir minuta del Senado en San Lázaro.
Legisladores aprueban por unanimidad tope a jubilaciones en el sector público; advierten retos en certeza jurídica y financiamiento futuro
La Presidenta envió una reforma para recortar 15% el presupuesto del Senado, topar el gasto estatal y frenar el nepotismo de tajo.
El senador Ricardo Anaya criticó la iniciativa de reforma constitucional enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum para poner un tope a las pensiones financiadas con recursos públicos, señalando que, aunque coincide en eliminar pagos excesivos, la forma en que se plantea el límite “está mal planteada”.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo decidió pisar el freno antes de mandar al Congreso su iniciativa de reforma electoral. No fue un cambio de rumbo político ni un conflicto con su bancada, sino un ajuste técnico. Según explicó en su conferencia matutina en Palacio Nacional, el documento que le entregaron incluía modificaciones a artículos constitucionales que no estaban directamente relacionados con el tema electoral, y consideró que eso no era necesario.
El Gobierno Federal argumentó que mover al 2028 la elección del Poder Judicial obedece a criterios logísticos y presupuestales derivados de la reforma electoral que se enviará al Congreso.