En el Congreso mexicano se encendió un nuevo frente político que toca uno de los temas más sensibles del país: las desapariciones. La diputada de Movimiento Ciudadano Laura Ballesteros Mancilla pidió formalmente la renuncia de la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, María del Rosario Piedra Ibarra, al considerar que la institución no ha estado a la altura de la crisis.
En medio del debate migratorio que cada vez pesa más en la agenda pública, el diputado del PAN Ernesto Sánchez Rodríguez puso sobre la mesa una propuesta que cambia el enfoque tradicional: dejar de ver la detención como la primera opción para personas migrantes, sobre todo cuando se trata de niñas, niños, familias o quienes buscan refugio.
La tensión entre el Gobierno de México y organismos internacionales volvió a escalar, pero esta vez con un tema que lleva años acumulando dolor: la desaparición de personas. Luego de que el Estado mexicano rechazara el informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, diversas organizaciones civiles salieron a cuestionar con firmeza esa postura, advirtiendo que el problema de fondo no solo sigue vigente, sino que podría agravarse.
La crisis de desaparición forzada en México dio un giro internacional luego de que el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada activara un mecanismo sin precedentes para llevar el caso ante la Asamblea General de la ONU. La decisión se basa en indicios de que en el país podrían estarse cometiendo crímenes de lesa humanidad.
Gobierno de Sheinbaum reporta 14 decesos y 177 mil detenciones de mexicanos en EE. UU. Se presentará audiencia telemática ante la CIDH.
En medio del debate sobre seguridad y justicia en el país, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dejó clara una línea que, en teoría, debería ser inamovible: nadie puede ser tratado como culpable sin antes ser juzgado. Y eso aplica incluso en casos complejos, como los de jóvenes reportados como desaparecidos que después aparecen vinculados a actividades delictivas.
En San Lázaro se está cocinando un cambio importante que puede afectar directamente a miles de personas dentro y fuera de México, y no es exageración. La Comisión de Asuntos Migratorios, encabezada por Marcela Guerra Castillo, se sentó con el titular del Instituto Nacional de Migración, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, para revisar una propuesta que busca borrar la actual Ley de Migración y arrancar de cero con una nueva Ley de Movilidad Humana.
El Gobierno federal presume eficiencia consular y discurso humanitario, pero las cifras, omisiones y dobles estándares revelan inconsistencias: detenciones masivas sin estrategia clara, muertes bajo custodia sin responsables y una política migratoria interna que replica prácticas que México critica a Estados Unidos.
A casi 25 años de los atentados del 11 de septiembre de 2001, uno de los procesos judiciales más complejos en materia de terrorismo volvió a tomar impulso, y lo hizo con una pieza clave: el testimonio del exagente del FBI, Stephen Gaudin.
El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la Organización de las Naciones Unidas, conocido como CEDAW, solicitó al Estado mexicano modificar sus leyes para eliminar la prisión preventiva oficiosa, al concluir que esta medida afecta de forma desproporcionada a las mujeres y vulnera derechos fundamentales.