Por Bruno Cortés
En el Congreso mexicano hay temas que incomodan, y el de las desapariciones es uno de los más delicados. No solo por las cifras, sino por lo que representan: miles de familias buscando respuestas que no llegan. En ese contexto, el diputado Federico Döring Casar abrió un foro que, más allá del evento en sí, exhibe un problema mayor: la falta de acción institucional frente a esta crisis.
El legislador fue directo. Señaló que el hecho de que estos espacios sean organizados por ciudadanos, y no por comisiones del propio Congreso, deja en evidencia una omisión. Es decir, el Poder Legislativo, que debería ser un contrapeso y exigir cuentas, está quedándose corto en un tema donde la presión debería ser constante.
Para entender el fondo, hay que traducirlo a política pública: cuando el Congreso no llama a comparecer a funcionarios, no pide informes o no empuja investigaciones, lo que ocurre es que las decisiones del gobierno pasan sin revisión. Y eso, en temas como desapariciones, tiene consecuencias directas para las víctimas.
Döring también lanzó una crítica fuerte al manejo de los registros de personas desaparecidas. Según lo expuesto, una parte importante de los casos dejó de ser considerada por inconsistencias en los datos. Aquí hay un punto clave: la ley obliga al Estado a mantener registros completos y confiables. Si eso falla, no solo es un problema técnico, es una falla estructural que termina afectando la búsqueda de personas.
En el centro del debate está la actuación del gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo. Desde la oposición se acusa que hay una tendencia a minimizar el problema o a priorizar la narrativa oficial sobre los resultados. Más allá del señalamiento político, lo que queda es una discusión de fondo: ¿el Estado está respondiendo con la seriedad que exige la crisis?
Durante el foro, voces como la de Lorena Beaurregard reforzaron esa idea. La desaparición de personas no es solo una cifra, es una cadena de fallas institucionales: falta de investigación, poca coordinación y, sobre todo, ausencia de resultados. Cuando eso se combina con discursos que no reflejan la realidad, la distancia entre gobierno y ciudadanía se agranda.
También se puso sobre la mesa la presión internacional. Organismos como el Comité contra las Desapariciones Forzadas han advertido que México sigue enfrentando este problema sin una respuesta eficaz. En términos simples, el tema ya no es solo interno, también está bajo la lupa global.
Lo que deja este foro es una fotografía clara: hay leyes, hay instituciones, pero falta que funcionen como deberían. Y en política pública, esa es la diferencia entre tener un marco legal y realmente resolver un problema.
Porque al final, más allá del debate político, la pregunta sigue siendo la misma: ¿quién responde por quienes siguen sin aparecer?