Caracas vive un giro inesperado en su panorama político. Este 8 de enero de 2026, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, anunció la liberación de un “número importante” de presos, tanto venezolanos como extranjeros, en un movimiento que el gobierno describe como un gesto unilateral para promover la paz y la convivencia pacífica en el país.
Qué anunció el gobierno venezolano
Durante una rueda de prensa en el Palacio Legislativo de Caracas, Jorge Rodríguez —quien también es hermano de la presidenta interina, Delcy Rodríguez— informó que “las instituciones del Estado han decidido la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras”. Según sus palabras, los procesos de excarcelación “están ocurriendo desde este mismo momento”.
El funcionario calificó esta decisión como “un gesto de amplia intención de búsqueda de la paz” y agradeció la participación de figuras e instituciones internacionales que, según él, facilitaron este contexto, como el expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero; el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; y el Reino de Qatar.
Contexto nacional e internacional
El anuncio de las excarcelaciones ocurre cinco días después de una operación militar estadounidense en Caracas en la que fue capturado el expresidente Nicolás Maduro, quien enfrenta cargos en tribunales estadounidenses. La situación ha intensificado la atención internacional sobre Venezuela y las demandas de liberación de detenidos por motivos políticos.
Organizaciones como Foro Penal, una ONG que monitorea presos políticos, han reportado que al menos 863 personas estaban encarceladas bajo esta categoría a finales de 2025, incluyendo 86 extranjeros o con doble nacionalidad. Estas cifras no han sido confirmadas por el gobierno venezolano.
Reacciones y apoyo opositor
La reacción de sectores de la oposición ha sido mixta. Líderes opositores han reconocido el paso como positivo, pero han insistido en que la liberación total de presos políticos, el cese de la represión y el desarme de grupos armados son condiciones necesarias para una transición democrática real. ONG como Provea han alertado sobre condiciones de detención deterioradas, denuncias de tortura y tratos crueles en centros como El Helicoide, y han pedido medidas más profundas para garantizar justicia y rendición de cuentas.
Un gesto con impacto por definirse
Aunque el gobierno describe esta acción como una contribución a la paz, no se ha precisado cuántas personas serán liberadas, cuáles son los criterios para su excarcelación, ni si incluirá a todas las personas consideradas presos políticos por organismos de derechos humanos. Además, no hay claridad sobre si estas liberaciones responden a acuerdos con actores internacionales o si forman parte de negociaciones mayores tras la captura de Maduro.
La decisión de Venezuela de liberar a un “número importante” de presos representa un movimiento político relevante en medio de un escenario regional e internacional marcado por tensiones con Estados Unidos y demandas internas por mayores garantías democráticas. Ahora resta ver cómo se ejecutará esta medida, quiénes serán beneficiados y si abrirá puertas para un proceso político más amplio en el país caribeño.
