Por Bruno Cortés
En pleno debate del llamado “Plan B”, el coordinador del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval Flores, puso sobre la mesa una postura que no rompe con la alianza oficialista, pero sí marca matices importantes: la revocación de mandato, tal como se está planteando, podría traer riesgos serios para la estabilidad del país.
Dicho en términos sencillos, lo que está en discusión es si los ciudadanos pueden quitar a un presidente a la mitad de su mandato. En papel suena democrático, porque le da más poder a la gente. Pero desde la óptica del PT, el problema es cómo se implementa. Sandoval lo explica con un ejemplo claro: si desde el primer día de gobierno comienza la campaña para remover al presidente, entonces el país podría vivir en una constante tensión política, con gobiernos que duren apenas tres años en lugar de seis.
Ese escenario, advierte, no es menor. Implica incertidumbre económica, decisiones de corto plazo y un ambiente político inestable que puede frenar inversiones o políticas públicas de largo alcance. A eso se suma otro punto delicado: la inequidad. Si el mandatario en turno está vinculado a un partido político, tendría ventaja en un proceso de revocación, lo que podría desbalancear la competencia y generar dudas sobre la equidad del ejercicio.
Por ahora, el tema sigue en análisis dentro del propio bloque oficialista, particularmente en el Senado, donde los legisladores del PT están revisando a fondo la propuesta antes de tomar una decisión definitiva. La discusión no está cerrada y, de hecho, Sandoval reconoce que el proyecto todavía puede modificarse para corregir detalles, como ya ocurrió con el tema de paridad de género, que inicialmente no estaba contemplado.
Otro punto que también genera debate es la fecha en la que se aplicaría la revocación. El PT no tiene problema en que se realice en 2027, siempre y cuando no coincida con procesos electorales, para evitar distorsiones en la competencia política.
Más allá de la revocación, el diputado abrió otro frente de discusión que conecta directamente con el bolsillo público: el gasto en los congresos locales. Señaló las diferencias marcadas entre estados, donde un diputado puede costar hasta ocho veces más que en otra entidad, lo que evidencia desajustes en el uso de recursos y la necesidad de revisar cómo se distribuye el presupuesto en el país.
También se refirió a la propuesta de permitir que el titular del Ejecutivo promueva la participación en la consulta de revocación. Para el PT, este punto es especialmente delicado, porque podría inclinar la balanza a favor de quien ya está en el poder, generando nuevamente un problema de equidad.
En el fondo, lo que está planteando el PT no es rechazar el mecanismo, sino ajustar sus reglas para evitar efectos no deseados. La discusión sobre la revocación de mandato no solo es jurídica o política, también es una discusión sobre qué tipo de estabilidad quiere México y cómo equilibrar el poder entre gobierno y ciudadanía.