Por Bruno Cortés
En medio del debate que empieza a tomar forma sobre la próxima reforma electoral, desde el Senado se mandó un mensaje directo: el árbitro electoral no se toca. La presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, respaldó la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de mantener la independencia y autonomía del Instituto Nacional Electoral en cualquier cambio a las reglas del juego democrático.
Castillo Juárez explicó, en un tono sencillo, que el proceso apenas está arrancando y que todavía no existe una propuesta definitiva. Por eso, dijo, no tiene sentido adelantar juicios ni ponerle etiquetas a una reforma que aún no está escrita. Lo que sí aseguró es que el objetivo central será construir consensos y garantizar que el órgano electoral siga siendo autónomo, represente tanto a mayorías como a minorías y mantenga la proporcionalidad en el sistema político.
La senadora fue clara al rechazar la idea de que la reforma tenga un “calificativo” negativo. Para ella, el único adjetivo válido es que fortalezca la democracia, la justicia y la autonomía del árbitro electoral. En cuanto exista un documento formal, explicó, se abrirá una discusión amplia en la que la voz de la ciudadanía tendrá un papel central. “Siempre escuchando la opinión del pueblo”, recalcó.
Castillo también apeló a la memoria histórica. Recordó que viene de la izquierda y de un movimiento político que desde finales de los años setenta luchó por reformas electorales que abrieran el sistema y garantizaran elecciones limpias. En aquella época, subrayó, la exigencia era clara: que no fuera el gobierno el que organizara las elecciones. Ese principio, aseguró, sigue vigente hoy.
El mensaje desde el Senado busca tranquilizar a quienes temen retrocesos democráticos. La presidenta de la Cámara alta insistió en que la reforma no pretende concentrar poder ni debilitar instituciones, sino fortalecerlas, manteniendo un árbitro electoral independiente que dé confianza a la ciudadanía y a los actores políticos.
En un contexto donde la reforma electoral genera inquietudes y expectativas, la postura de Castillo Juárez marca una línea: los cambios pueden discutirse, pero la autonomía del INE y la pluralidad democrática no están en negociación.