Por Bruno Cortés
El descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido el pasado 28 de diciembre en Oaxaca no solo dejó una herida profunda en varias familias, también abrió un nuevo frente de confrontación política en el Congreso. Ahora fue el Grupo Parlamentario del PAN el que decidió meter el tema de lleno a la agenda legislativa y empujar una investigación a fondo, con nombre y apellido, sobre lo que califican como una tragedia que no puede quedar impune.
Los diputados panistas presentaron un punto de acuerdo para crear una Comisión Especial en la Cámara de Diputados y el Senado que se encargue de dar seguimiento puntual a las investigaciones del accidente, pero también de vigilar que las víctimas reciban una reparación integral del daño. En pocas palabras, buscan que el Congreso no se lave las manos y que el caso no se pierda entre trámites burocráticos y declaraciones oficiales.
En conferencia de prensa, el diputado Héctor Saúl Téllez Hernández explicó que esta no es una acción aislada. Detalló que su bancada puso en marcha una estrategia más amplia para investigar y sancionar a los posibles responsables del accidente ferroviario que dejó 14 personas fallecidas. Según dijo, el objetivo es claro: que intervengan de inmediato las instancias que sí tienen dientes para auditar, investigar y castigar.
Uno de los frentes abiertos fue ante la Auditoría Superior de la Federación, a la que solicitaron revisar a fondo las observaciones hechas a las Cuentas Públicas de 2019 a 2024. Ahí, señaló Téllez, aparecen señalamientos por un posible daño patrimonial de 71.5 millones de pesos en la construcción del Tren Interoceánico. Traducido al lenguaje cotidiano, el PAN acusa que hubo dinero público mal usado en una obra que, además, terminó en tragedia.
El legislador aseguró que las observaciones apuntan a problemas serios: materiales de mala calidad, sobrecostos, mala planeación y contratos entregados con opacidad a empresas cercanas a la familia López Beltrán. Para el PAN, estas irregularidades no solo explican el accidente, sino que reflejan una forma de hacer obra pública sin controles ni transparencia.
Además, el grupo parlamentario presentó una denuncia ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, con la intención de que se realicen auditorías en tiempo real sobre el uso de los recursos y la posible responsabilidad de funcionarios públicos. A la par, también acudieron a la Fiscalía General de la República para denunciar posibles delitos penales, entre ellos uso ilícito de atribuciones, tráfico de influencias, corrupción, homicidio culposo y lesiones derivadas del descarrilamiento.
Téllez Hernández fue enfático al señalar que estas acciones buscan evitar que el caso se archive o se diluya con el paso del tiempo. Dijo que no se puede permitir que una tragedia de esta magnitud quede impune y que el Estado tiene la obligación de responderle a las familias de las víctimas con justicia, no con discursos.
La diputada Paulina Rubio Fernández reforzó el mensaje al advertir que lo ocurrido no es un hecho aislado y que, si no se corrigen las fallas, un accidente similar podría repetirse en cualquier momento. Criticó los intentos por minimizar lo sucedido y acusó que el Tren Interoceánico es una obra hecha “al vapor”, plagada de irregularidades y corrupción.
Para el PAN, el descarrilamiento no es solo un error técnico, sino el resultado de una política pública mal planeada y peor ejecutada. Por eso insisten en que el Congreso debe asumir su papel de contrapeso y garantizar que las grandes obras no se construyan con prisas, opacidad y riesgos que terminan pagando los ciudadanos.