Por Bruno Cortés
El descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido en diciembre pasado volvió a encender las alarmas en el Congreso y abrió una discusión que va mucho más allá de un accidente ferroviario. Desde la tribuna política, el diputado Rubén Moreira Valdez, coordinador del PRI en San Lázaro, lanzó una exigencia directa: parar por completo la operación del proyecto hasta que se explique, con claridad y sin medias verdades, qué está pasando realmente con una de las obras emblemáticas del actual gobierno.
Moreira no habló solo de responsabilidades penales, que de por sí serían graves, sino de algo que suele perderse en el discurso oficial: la viabilidad real de los grandes proyectos públicos. En palabras sencillas, el priista pidió que se revise si el Tren Interoceánico funciona, si es seguro, si es sostenible para el medio ambiente y, sobre todo, si financieramente vale lo que cuesta. A dos años de operación, dijo, ya hay un accidente trágico y demasiadas preguntas sin respuesta.
Desde la Comisión Permanente, acompañado por legisladores de su partido, explicó que presentó un punto de acuerdo para que las autoridades responsables den la cara. La exigencia es que comparezcan quienes están a cargo de construir, regular y operar el sistema ferroviario, desde la Secretaría de Marina hasta los organismos técnicos, para explicar cómo se mantiene el tren, qué falló, cómo se atiende a las víctimas y qué se va a hacer para que no vuelva a ocurrir.
El mensaje de fondo es político, pero también económico. Moreira advirtió que este no es un caso aislado y que lo que ocurra con el Interoceánico marcará el estándar de los trenes que vienen, como el México-Querétaro o el Saltillo-Nuevo Laredo. Si la movilidad del país va a construirse así, con dudas sobre seguridad y planeación, entonces, dijo, es momento de hacer una pausa y reflexionar.
Por eso insistió en la creación de una comisión independiente, integrada por expertos nacionales e internacionales, que investigue a fondo el proyecto. La desconfianza, afirmó, surge porque la información sobre las grandes obras del gobierno suele llegar incompleta, tarde o maquillada.
Pero el diputado priista fue más allá del tema ferroviario y aprovechó para lanzar una advertencia política rumbo a los próximos años. Al hablar de la reforma electoral que impulsa el Ejecutivo, aseguró que Morena no tiene intención de soltar el poder en 2030 y que la propuesta recuerda a modelos autoritarios como el de Venezuela. Desde su perspectiva, el objetivo sería debilitar a los órganos electorales, a los partidos políticos y a la representación proporcional en el Congreso, lo que cambiaría por completo las reglas del juego democrático.
En ese contexto, Moreira vinculó la discusión con la situación económica del país. Dijo que las finanzas públicas no pasan por su mejor momento y que la estabilidad económica está comprometida, lo que, a su juicio, empuja al gobierno a buscar mecanismos para mantenerse en el poder. Todo esto, advirtió, debilita la soberanía nacional, incluida la alimentaria, y deja a México cada vez más vulnerable.
El tema de la soberanía también fue retomado por el diputado Samuel Palma César, quien subrayó que esta no se defiende con discursos, sino con instituciones fuertes, combate a la delincuencia y una vida democrática sólida. Cuando un gobierno carece de autoridad moral y está rodeado de desprestigio, afirmó, el país pierde fuerza incluso para defender sus propios intereses.
Así, el debate por el descarrilamiento del Tren Interoceánico terminó convirtiéndose en una discusión más amplia sobre cómo se hacen las políticas públicas en México: sin frenos, sin explicaciones claras y con consecuencias que, tarde o temprano, alcanzan a todos.