Por Bruno Cortés
En el Congreso mexicano volvió a subir el tono del debate sobre derechos humanos y medio ambiente. La diputada Laura Ballesteros Mancilla lanzó una crítica directa al Gobierno Federal por desestimar el informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas, que advierte sobre la gravedad de este delito en México.
La legisladora no se quedó solo en el señalamiento. También pidió la renuncia de la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, y anunció que promoverá un juicio político en su contra. ¿La razón? Considera que el organismo no está actuando como defensor de las víctimas, sino como respaldo del Estado.
En palabras más sencillas, lo que se está cuestionando es el papel de la CNDH como contrapeso. Para Ballesteros, si la Comisión no investiga ni emite recomendaciones contundentes frente a una crisis como la de desapariciones, pierde su función principal.
La diputada puso sobre la mesa cifras que reflejan el tamaño del problema: miles de nuevos casos en los últimos años y un incremento sostenido que, según organismos internacionales, podría encajar en patrones sistemáticos. Esto choca con la postura oficial, que ha rechazado esa clasificación.
El tema no es solo técnico, es profundamente político. Cuando el gobierno desacredita informes internacionales, el debate se mueve de los datos a la credibilidad de las instituciones. Y ahí es donde la oposición busca presionar: en evidenciar lo que considera omisiones o falta de acción.
Pero la discusión no se quedó en desapariciones. Desde la misma bancada, el diputado Sergio Gil Rullan criticó la falta de respuesta ante el derrame de petróleo en el Golfo de México ocurrido en marzo de 2026.
Según su denuncia, el impacto ya alcanzó estados como Tabasco, Veracruz y Tamaulipas, afectando directamente a pescadores y al sector turístico. Lo más delicado, desde su perspectiva, es que no ha habido apoyos económicos suficientes ni una estrategia clara para atender a las comunidades afectadas.
Aquí entra otro ángulo de política pública: la capacidad de respuesta del Estado ante emergencias. Gil Rullan planteó que dependencias como Economía y Bienestar deberían activar medidas inmediatas para compensar las pérdidas, sobre todo después de una temporada clave como Semana Santa.
Ballesteros, por su parte, remató el tema pidiendo que funcionarios federales comparezcan ante la Cámara de Diputados para explicar tanto la crisis de desapariciones como el derrame. En el fondo, lo que se busca es obligar al gobierno a rendir cuentas en un espacio institucional.
Así, en un mismo frente se cruzan dos debates que reflejan tensiones más amplias: por un lado, la exigencia de reconocer la magnitud de la crisis de desapariciones; por otro, la presión para responder con eficacia a desastres que afectan la economía local. Ambos casos ponen a prueba la capacidad del Estado no solo de actuar, sino de convencer.