En medio de una jornada marcada por violencia en más de 20 estados del país, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, salió a fijar postura con un mensaje claro: los que deben estar tras las rejas son los delincuentes, no los ciudadanos.
Luego del operativo realizado en Jalisco, donde fue abatido uno de los narcotraficantes más buscados, la legisladora arrancó reconociendo la templanza de las familias mexicanas que vivieron horas de miedo e incertidumbre. También hizo un reconocimiento al Ejército y a las corporaciones que participaron en la operación, además de expresar condolencias a los familiares de los elementos que perdieron la vida.
Pero más allá del momento, su mensaje tuvo una carga política directa: pacificar al país debe convertirse en prioridad nacional. No como consigna, sino como una verdadera estrategia de Estado. Desde el Palacio Legislativo de San Lázaro, López Rabadán habló de construir una “normalidad de paz”, donde la ley se imponga en cada rincón del territorio.
¿Y qué significa eso en términos prácticos? Desde su visión, implica varias cosas que pasan directamente por el Congreso: fortalecer el marco jurídico, cerrar espacios a la impunidad, garantizar recursos suficientes para la seguridad y ejercer con firmeza la función de control y rendición de cuentas sobre el Ejecutivo. En otras palabras, no solo se trata de operativos, sino de reglas claras, instituciones sólidas y vigilancia política constante.
La diputada fue más allá al advertir que la expansión territorial del crimen organizado no es un fenómeno espontáneo. Señaló que hubo estrategias fallidas e incluso colaboración indebida de autoridades corruptas que permitieron el fortalecimiento de estas estructuras. Para ella, desarticular al crimen también implica cortar cualquier vínculo indebido desde el poder público.
Su planteamiento toca un punto clave en la discusión de políticas públicas: el monopolio legítimo de la fuerza pertenece al Estado. Eso significa que solo las instituciones pueden ejercerla, pero deben hacerlo con responsabilidad, coordinación e inteligencia. Sin improvisaciones y sin complicidades.
En el fondo, el mensaje apunta a algo que suele perderse en el debate político: la seguridad no es solo un tema de balas y operativos, sino de diseño institucional. Si las leyes son débiles, si no hay controles o si el presupuesto no alcanza, el problema no se resuelve. Y si hay autoridades infiltradas, el daño se multiplica.
López Rabadán cerró con una idea que conecta con el ánimo social: el temor no puede ser la normalidad en México. Las familias no deberían vivir bajo amenaza permanente. La paz, dijo, solo se construye con corresponsabilidad y autoridad institucional, y desde la Cámara de Diputados deben asumir esa parte.
En un país sacudido por hechos violentos y reacciones del crimen organizado que muestran capacidad de fuego y presencia territorial, el debate de fondo vuelve al Congreso: qué leyes, qué presupuesto y qué controles necesita México para que la paz deje de ser discurso y se convierta en realidad cotidiana.