Por Bruno Cortés
En el Senado se abrió una conversación que suele quedar relegada, pero que define la vida diaria de miles de personas: la vivienda para personas con discapacidad. Durante el foro “La salud mental comienza con la vivienda”, la senadora Karla Guadalupe Toledo Zamora, del PRI, planteó algo que parece obvio pero que en la práctica no ocurre: que el Estado mexicano garantice viviendas adecuadas para que este sector pueda decidir dónde y con quién vivir, y así participar plenamente en la vida de la ciudad.
La legisladora fue directa al señalar que existe una forma de discriminación institucional que no siempre se ve, pero se siente todos los días. Cuando una persona recibe un diagnóstico de discapacidad, muchas familias enfrentan no solo el impacto emocional, sino también una carga económica enorme. Gastos médicos, pérdida de oportunidades laborales y falta de apoyos públicos terminan por empujar a muchas personas a la marginación. Para Toledo Zamora, lo que las familias esperan no son discursos, sino leyes que realmente respondan a sus necesidades y que estén alineadas con los compromisos internacionales que México ya firmó.
Desde la sociedad civil, el diagnóstico fue igual de claro. Lisbeth Brizuela, directora de Disability Rights International, explicó que muchas personas con discapacidad intelectual o psicosocial viven en pobreza y sin acceso a lo más básico: una vivienda pensada para ellas, con apoyos personalizados que les permitan integrarse a su comunidad. Sin un hogar adecuado, dijo, cualquier otro servicio queda fuera de alcance, por eso la vivienda debe entenderse como un derecho humano, no como un favor.
Esa visión se refuerza con lo que expuso Eric Rosenthal, director ejecutivo de la misma organización, quien relató visitas a hospitales psiquiátricos, orfanatos y casas hogar donde encontró condiciones de abandono, maltrato y falta de higiene, incluso en espacios improvisados como estacionamientos. Aunque reconoció avances legales en México, dejó claro que todavía hay una brecha enorme entre lo que dice la ley y lo que ocurre en la realidad.
Desde una perspectiva internacional, Amalia Gamio, vicepresidenta del Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, recordó que el derecho a la vivienda está establecido en el artículo 19 de la convención y que su aplicación debe ser inmediata. Además, subrayó que este derecho está vinculado con otros problemas cotidianos que siguen sin resolverse, como el transporte, la atención médica y el acceso a espacios públicos, todos indispensables para una vida digna.
La discusión también incluyó la voz de quienes viven esta realidad. Grecia Guzmán, de la Red Orgullo Loco México, señaló que muchas políticas públicas se diseñan sin escuchar a las personas con discapacidad, aunque sus consecuencias recaen directamente sobre ellas. Decisiones tomadas desde un escritorio, sin considerar sus experiencias, terminan reproduciendo exclusión y precariedad.
En ese contexto, la apertura de la senadora Karla Toledo fue vista como una oportunidad para avanzar hacia cambios estructurales. El mensaje que dejó el foro es sencillo pero contundente: sin una vivienda digna y con apoyos adecuados, no hay inclusión posible. Y mientras eso no se refleje en políticas públicas concretas, el derecho a la vivienda seguirá siendo una promesa incompleta.