Por Juan Pablo Ojeda
El presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, fijó una postura institucional de respaldo hacia el informe del Comité de la Desaparición Forzada (CED) de la Organización de las Naciones Unidas. A través de un pronunciamiento oficial, la dirigencia panista cuantificó la crisis en más de 132 mil personas desaparecidas a nivel nacional, contradiciendo directamente la métrica y la narrativa presentadas por el gobierno federal.
La dirigencia opositora integró al debate público las cifras de la crisis forense que atraviesa el aparato de justicia del Estado. De acuerdo con la secretaria general del partido, Karen Michel González Márquez, los registros actuales indican la existencia de aproximadamente 72 mil cuerpos sin identificar en las instalaciones del Servicio Médico Forense y fosas comunes del país, una carga logística que supera las capacidades de procesamiento genético del gobierno.
Esta exposición de datos choca frontalmente con la postura asumida por el Poder Ejecutivo. El pasado 6 de abril, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó oficialmente el documento del organismo internacional, argumentando fallas metodológicas. La mandataria sostuvo que la ONU basó su reporte en una muestra estadística limitada a cuatro entidades federativas durante el periodo 2009-2017, invalidando la extrapolación de esos márgenes de error hacia el año 2025.
Frente al rechazo gubernamental del censo internacional, la cúpula panista acusó a la administración del partido Morena de alterar la base de datos nacional. Romero Herrera definió la política de actualización del censo federal como una estrategia matemática para «desaparecer a los desaparecidos en papel», señalando que las autoridades priorizan la reducción artificial de la estadística sobre la localización física de las víctimas.
No son números. Son personas que no volvieron a casa.
Son familias que siguen buscando… mientras el gobierno intenta borrar la realidad. Pero el dolor no se borra. Y la verdad no se puede ocultar.
Desde @AccionNacional lo decimos claro: no son cifras, son personas. Y México… pic.twitter.com/wpnvBbjSWr
— Jorge Romero Herrera (@JorgeRoHe) April 9, 2026
El análisis de Acción Nacional incluye la medición del impacto del crimen organizado en las instituciones de seguridad. Como evidencia empírica de la participación estatal, González Márquez citó el expediente judicial de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad del estado de Tabasco, quien recibió una sentencia condenatoria firme precisamente por la comisión del delito de desaparición forzada.
Ante la saturación del sistema estatal de búsqueda, las tareas operativas de localización han sido absorbidas por organizaciones civiles. El dirigente panista documentó que el despliegue territorial para la ubicación de fosas clandestinas recae actualmente en agrupaciones como las Madres Buscadoras de Sonora, lideradas por Ceci Flores, quienes financian y ejecutan la recolección de restos humanos en campo.
La divergencia de los datos oficiales frente a las métricas internacionales mantiene inoperante la política pública de búsqueda. Mientras el gobierno federal asegura haber logrado avances legislativos y operativos desde 2019, la oposición y el CED mantienen sus indicadores, señalando que la incapacidad del Estado para resolver el rezago de 72 mil identificaciones forenses confirma el colapso del sistema de justicia.