Por Juan Pablo Ojeda
La difusión de una presunta “narconómina” atribuida al Cártel Jalisco Nueva Generación volvió a colocar bajo la lupa la posible infiltración del crimen organizado en corporaciones de seguridad. Sin embargo, el gobierno de Jalisco sostiene que, hasta ahora, no tiene constancia oficial de esos documentos ni de su contenido.
De acuerdo con el fiscal general del estado, la información que ha circulado en medios sobre listas con nombres y montos de supuestos sobornos no forma parte de ninguna notificación formal recibida por la Fiscalía local. En otras palabras, para la autoridad estatal se trata de versiones mediáticas cuya autenticidad y alcance no han sido confirmados.
La incertidumbre también alcanza a la federación. No se ha precisado públicamente si los documentos estarían en manos de la Fiscalía General de la República, instancia que encabezó el operativo en el que murió “El Mencho” en Tapalpa. Será esa institución la que, en su caso, determine la veracidad de los materiales y el rumbo de las investigaciones.
El secretario de Seguridad estatal, Juan Pablo Hernández, afirmó que la corporación de Jalisco no está incluida en la supuesta lista y expresó disposición para colaborar con las autoridades federales en cualquier indagatoria que derive de información confirmada.
Por su parte, el gobernador Pablo Lemus Navarro adoptó una postura firme: cualquier funcionario o policía que reciba recursos de la delincuencia organizada debe ser investigado y procesado, sin importar su rango. El mensaje busca enviar una señal de cero tolerancia en un contexto marcado por hechos recientes de violencia y por la presión pública para garantizar integridad institucional.
¿Qué implicaciones tiene el caso? De confirmarse la existencia de una narconómina con pagos a servidores públicos, el impacto sería profundo para la credibilidad de las instituciones de seguridad en Jalisco. No obstante, hasta el momento no existen cargos formales ni confirmaciones oficiales en el ámbito estatal vinculadas a estas listas.
El debate, por ahora, se mueve entre versiones periodísticas y posicionamientos políticos. La definición jurídica dependerá de lo que determine la autoridad federal y de si los documentos resisten el escrutinio legal. Mientras tanto, el tema reaviva una discusión recurrente en México: la necesidad de blindar a las corporaciones públicas frente a la penetración del crimen organizado.