Por Juan Pablo Ojeda
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) confirmó la compra de un almacén comercial en el condado de Orange, en el estado de Nueva York, con el propósito de convertirlo en un centro de detención para inmigrantes bajo supervisión federal.
El inmueble corresponde a un antiguo centro de distribución de la cadena Pep Boys, ubicado en el valle del Hudson, a unos 96 kilómetros de la ciudad de Nueva York. La instalación dejó de operar en 2024 y tiene capacidad estimada para albergar hasta mil 500 personas.
La adquisición forma parte de un plan más amplio del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), del cual depende ICE, para sumar más de 20 instalaciones similares en distintos estados y ampliar su red de centros de detención migratoria.
La decisión ha generado oposición a nivel local. El pasado 30 de enero, la junta municipal de Chester votó por unanimidad una resolución en contra del proyecto. Días después, un grupo bipartidista de legisladores locales envió una carta al DHS para expresar su preocupación por el impacto en la comunidad y por la seguridad de inmigrantes y trabajadores.
El senador estatal demócrata James Skoufis sostuvo que, aunque respalda la deportación de personas indocumentadas que cometen delitos graves, la instalación podría generar inestabilidad en la zona. En la misma línea, el congresista Pat Ryan afirmó que ningún funcionario electo local fue consultado antes de la compra.
Por su parte, la Coalición de Inmigración de Nueva York consideró que la medida refuerza la necesidad de que el estado limite su colaboración con autoridades federales en materia migratoria. Su presidente, Murad Awawdeh, llamó a los legisladores estatales a avanzar con la iniciativa conocida como “Nueva York para Todos”, que busca restringir la cooperación estatal y local con operativos federales de inmigración.
El proyecto se enmarca en una política federal orientada a fortalecer la infraestructura de detención, en un contexto nacional marcado por el debate sobre control migratorio, seguridad y derechos civiles. Ahora, el proceso dependerá tanto de la implementación administrativa como de la respuesta política y comunitaria en el valle del Hudson.