Por Juan Pablo Ojeda
Cinco funcionarios y exfuncionarios del estado de Morelos, detenidos el pasado 20 de mayo, permanecerán bajo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en un penal federal. Un juez de Distrito dictó la resolución tras considerar los datos de prueba presentados por la Fiscalía General de la República (FGR), los cuales vinculan a los servidores públicos con una presunta red de extorsión operativa en la zona oriente de la entidad federativa.
La audiencia inicial se desahogó mediante el sistema de videoconferencia ante el Centro de Justicia Penal Federal con sede en Hermosillo, Sonora. El juzgador a cargo del proceso determinó que las imputaciones formuladas por el Ministerio Público de la Federación justifican el resguardo de los acusados en una instalación de máxima seguridad, debido al riesgo procesal y la gravedad de las conductas señaladas.
El grupo de imputados está integrado por Agustín Toledano Amaro, actual alcalde de Atlatlahuacan; Irving Sánchez Zavala, exalcalde de Yecapixtla; Pablo Adrián Portillo Galicia, Oficial Mayor de Cuautla; Horacio Zavaleta Malacara, secretario del Ayuntamiento de Cuautla; y Jonathan Espinosa Salinas, tesorero. Los cinco exservidores públicos ingresaron formalmente al centro de reclusión federal sonorense para cumplir la medida.
Durante el desarrollo de la diligencia, la representación jurídica de los imputados solicitó formalmente la duplicidad del plazo constitucional a 144 horas. Esta prerrogativa jurídica posterga la resolución definitiva del juez de control sobre la vinculación a proceso, fijando la fecha de reanudación de la audiencia para el próximo martes a las 14:00 horas, término en el que se valorarán las pruebas de descargo.
Los informes estadísticos del Poder Judicial de la Federación indican que el caso involucra operaciones delictivas en al menos ocho demarcaciones municipales de Morelos. Las investigaciones de campo documentan pérdidas económicas sustanciales en los comercios locales de la región oriente, derivado del cobro de cuotas ilegales presuntamente facilitado por las autoridades municipales ahora sujetas a investigación penal.
El expediente de la FGR detalla que la red delincuencial mantenía una estructura de comunicación directa con mandos operativos de organizaciones criminales con presencia nacional. El flujo de información recabado mediante inteligencia telefónica ubica reuniones de planeación en diversas sedes gubernamentales de las demarcaciones afectadas, lo que fundamenta la acusación por el delito de delincuencia organizada.
Las auditorías financieras a las tesorerías municipales involucradas forman parte de las carpetas de investigación complementarias que integra la federación. El despliegue de custodios federales para el traslado de los detenidos desde la Ciudad de México hacia Hermosillo concluyó sin incidencias operativas, manteniéndose el estado de alerta preventiva en los ayuntamientos de la zona oriente de Morelos.