Por Juan Pablo Ojeda
Un operativo conjunto entre la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional resultó este viernes en la incautación de 165 kilogramos de cocaína en la ciudad de Tijuana, Baja California. Las autoridades confirmaron la detención de 11 individuos que se encontraban custodiando el cargamento en un inmueble localizado en la zona urbana de la ciudad fronteriza.
La intervención, basada en labores de inteligencia de campo, permitió identificar un centro de acopio vinculado a una estructura delictiva regional. El valor estimado de la droga incautada en el mercado negro asciende a aproximadamente 1.8 millones de dólares, dependiendo de su distribución final en el mercado de consumo de los Estados Unidos.
Los 11 detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), delegación Baja California, para el inicio de la carpeta de investigación correspondiente. Durante el aseguramiento, también se confiscaron tres vehículos de carga ligera y equipo de radiocomunicación cifrada utilizado para la logística del traslado de la sustancia.
El reporte pericial indica que los paquetes contaban con sellos distintivos de un cártel con presencia en la región, lo cual será integrado como prueba de cargo. La droga fue trasladada bajo un fuerte dispositivo de seguridad a las instalaciones de la fiscalía federal para su pesaje oficial y resguardo preventivo.
Tijuana se mantiene como un punto neurálgico para el flujo de estupefacientes hacia el norte. Según datos estadísticos de la región, esta incautación representa el segundo aseguramiento de gran volumen registrado en la zona durante el mes de julio de 2026, reafirmando la intensidad de las rutas de trasiego en este sector geográfico.
La dinámica operativa de los grupos delictivos ha evolucionado hacia el uso de inmuebles residenciales adaptados como bodegas para reducir el perfil de riesgo. Las autoridades federales han reforzado los patrullajes en las colonias periféricas tras el procesamiento de la información obtenida durante los interrogatorios preliminares de los capturados.
El proceso judicial continuará en los juzgados federales, donde se determinará la situación legal de los aprehendidos por delitos contra la salud en su modalidad de transporte y posesión. Las autoridades de seguridad pública mantienen el monitoreo en la frontera para prevenir una posible reconfiguración operativa tras la pérdida del cargamento asegurado.