Por Bruno Cortés
Con una votación casi unánime, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformar el tercer párrafo del artículo 57 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para reforzar la educación inclusiva y garantizar la igualdad sustantiva en el sistema educativo.
El dictamen fue avalado con 431 votos a favor y establece que las autoridades federales, estatales, municipales y de las demarcaciones de la Ciudad de México deberán garantizar una educación de calidad e inclusiva, así como la igualdad sustantiva en el acceso y permanencia de niñas, niños y adolescentes en las aulas.
El documento subraya que proteger a las infancias con discapacidad es una responsabilidad fundamental del Estado mexicano. Reconoce su derecho a una vida plena, a una educación inclusiva y a desarrollarse en un entorno que respete su dignidad e integridad. En ese sentido, plantea que es imperativo contar con un marco normativo claro que asegure su inclusión efectiva y les otorgue herramientas para participar plenamente en la vida social.
La iniciativa fue impulsada por la diputada Kenia Gisell Muñiz Cabrera, integrante del grupo parlamentario de Morena, quien sostuvo que la reforma representa un paso firme para que la inclusión deje de depender de la voluntad política y se convierta en una obligación exigible, medible y verificable.
Muñiz Cabrera destacó que la inclusión debe estar claramente establecida en la norma para evitar ambigüedades que puedan abrir la puerta a exclusiones. También señaló que el dictamen evita sobrerregulación y posibles contradicciones con la Ley General de Educación y otras disposiciones secundarias, pues cuando el marco jurídico es confuso, advirtió, “quien pierde es la niñez”.
La legisladora enfatizó que la educación inclusiva parte del reconocimiento de que “lo normal es la diversidad” y que lo que debe transformarse son los entornos escolares, los materiales, las prácticas pedagógicas y la cultura institucional, a fin de combatir estereotipos y prejuicios.
Tras su aprobación en San Lázaro, el proyecto fue turnado al Senado de la República para su análisis y eventual ratificación, como parte del proceso legislativo correspondiente.