Por Bruno Cortés
La política en Oaxaca está lejos de calmarse y, contrario a lo que suele pasar después de disputas internas, aquí la llamada “operación cicatriz” simplemente no llegó. La relación entre el Partido del Trabajo (PT) y Morena sigue tensándose, y ahora el conflicto ya es abierto, directo y con acusaciones bastante fuertes de por medio.
El protagonista de esta nueva confrontación es Benjamín Robles, dirigente del PT en el estado, quien ha lanzado señalamientos duros contra el gobernador Salomón Jara. Desde su perspectiva, el mandatario no solo ha intervenido políticamente en procesos internos, sino que incluso lo acusa de usar recursos públicos para posicionar mensajes en su contra rumbo a futuras elecciones.
Para entender el fondo del pleito hay que regresar a un punto clave: la revocación de mandato incluida en el llamado “Plan B” de la reforma electoral. Este mecanismo, en teoría, busca que la ciudadanía pueda quitar del cargo a un gobernante antes de que termine su periodo si pierde la confianza. Suena bien en papel, pero en la práctica ha generado choques políticos, como el que ahora se vive en Oaxaca.
El PT acusa que ese proceso estuvo plagado de irregularidades. Hablan de manipulación de urnas, presión a representantes de casilla y resultados que no reflejan, según ellos, el sentir real de la gente. Más allá de si estas acusaciones se comprueban o no, lo que sí es evidente es que rompieron la relación política entre ambos grupos.
A esto se suma otro frente: la presunta intervención del gobierno estatal en la vida interna de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Para Robles, esto no solo es un problema político, sino institucional, porque toca un principio clave en México: la autonomía universitaria. Es decir, que las universidades públicas deben tomar sus decisiones sin presiones del poder político.
¿Y por qué importa todo esto? Porque estos conflictos no se quedan en los discursos. Cuando dos fuerzas que antes eran aliadas se enfrentan, se complica la aprobación de leyes, la coordinación de políticas públicas y, en general, la gobernabilidad. En términos simples: cuando los políticos se pelean, muchas decisiones que afectan a la gente se frenan o se vuelven más difíciles.
Además, ya hay señales de que este conflicto no es momentáneo. Las declaraciones apuntan hacia el 2027, lo que indica que la disputa también tiene un fuerte componente electoral. Es decir, no solo es un choque de posturas, sino una batalla por el control político del estado en los próximos años.
En resumen, lo que está pasando en Oaxaca es un ejemplo claro de cómo las reformas, los procesos democráticos y las disputas internas pueden cruzarse y generar tensiones que van más allá de un partido. Aquí no hay reconciliación a la vista, y todo apunta a que el conflicto apenas empieza.