Por Juan Pablo Ojeda
La política energética de México se encuentra en el centro de un debate internacional tras la publicación de un reporte de The Washington Post y la agencia Associated Press. La revelación de que el gobierno de Claudia Sheinbaum planea la explotación de yacimientos no convencionales ha provocado un choque frontal de definiciones técnicas e ideológicas entre el Palacio Nacional, la comunidad científica y las organizaciones de la sociedad civil.
Las voces en este conflicto giran en torno a la nomenclatura del proceso extractivo. Mientras los medios estadounidenses y los expertos en la materia catalogan directamente la iniciativa como la apertura de México al «fracking» (fractura hidráulica), la presidenta Sheinbaum ha blindado su anuncio utilizando el término de «extracción sustentable», marcando una línea discursiva diseñada para contener la reacción de sus bases políticas.
El argumento institucional de la Presidencia se cimenta en la incongruencia bilateral. Sheinbaum cuestionó públicamente la asimetría del mercado norteamericano: “Todo el gas que importamos viene de un tipo de extracción que tiene impactos ambientales y está a 100 metros de la frontera”. Esta cita resume la postura del Estado mexicano, que busca capitalizar sus propios recursos en lugar de financiar la industria fósil de Texas.
Para mediar en esta disputa, el gobierno ha institucionalizado el problema mediante la creación de un comité técnico. Este grupo tiene sesenta días para presentar un veredicto sobre la posibilidad de realizar perforaciones profundas utilizando agua no potable y reduciendo agentes químicos. Sin embargo, diversas instituciones académicas mantienen un intenso debate sobre si existe evidencia empírica que respalde la viabilidad de un fracking sin daños colaterales.
La presión sobre la administración proviene del flanco ambientalista. Agrupaciones ecologistas que acompañaron el ascenso de una científica climática a la presidencia advierten que la fractura hidráulica, independientemente del nombre que se le asigne, representa un riesgo irreversible para los acuíferos nacionales, adelantando un escenario de controversias legales y protestas en las zonas de potencial extracción.
El choque de fuerzas también incluye a las instituciones de comercio internacional. The Washington Post subraya que México es el principal cliente del gas estadounidense, lo que significa que una política exitosa de soberanía energética alteraría la balanza comercial entre ambos países. A pesar de esto, Sheinbaum aseguró que los contratos actuales de importación se respetarán durante el periodo de transición.
La advertencia final de la mandataria provino de la observación de bloques internacionales ajenos. Al citar la dependencia de Europa occidental hacia Rusia y los actuales riesgos que emanan de la guerra en Irán, el gobierno mexicano advierte a sus críticos que la vulnerabilidad energética en tiempos de conflicto global representa un peligro existencial superior al costo político de implementar el fracking en el país.