Por Juan Pablo Ojeda
La reciente reunión en Palacio Nacional entre la presidenta Claudia Sheinbaum y Larry Fink, director de BlackRock, ha desatado una ola de cuestionamientos sobre la autonomía en la toma de decisiones energéticas. La mandataria desmintió de forma categórica que el posible viraje hacia la explotación de gas no convencional sea producto de acuerdos con el fondo de inversión más grande del mundo, calificando las versiones de «incredulidad».
Sheinbaum defendió la legitimidad del encuentro con Fink y Adebayo Ogunlesi, argumentando que el diálogo con el capital privado es una práctica institucional necesaria para la digitalización de la economía. Sin embargo, enfatizó que «no se quedó en nada en particular» respecto a la política de hidrocarburos, distanciando la agenda estatal de los intereses corporativos internacionales.
La administración enfrenta el reto de transparentar un posible cambio de postura respecto al fracking, una técnica que el movimiento oficialista prometió prohibir. Al delegar la responsabilidad en un comité de científicos, el Ejecutivo busca blindar la decisión de acusaciones de colusión. La independencia de este comité, que incluirá a expertos de la UNAM y el IPN, será crucial para la rendición de cuentas.
El argumento de la «soberanía energética» se presenta como la justificación oficial para reevaluar la extracción de gas. Al señalar que México ya consume el gas de fracking producido en Estados Unidos, la presidenta intenta neutralizar la crítica ética, enfocando el debate en la vulnerabilidad del país frente a conflictos internacionales o crisis externas.
A pesar de la retórica de independencia, la presencia de directivos de BlackRock y Global Infrastructure Partners en el despacho presidencial subraya el interés de los mercados globales en los proyectos de infraestructura mexicanos. La vigilancia ciudadana y legislativa será clave para asegurar que los «proyectos mixtos» mencionados no comprometan los recursos naturales del país.
La presidenta reiteró que su administración mantiene diálogos equitativos con sindicatos, trabajadores y el pueblo, minimizando la jerarquía del encuentro con el poder financiero. No obstante, el anuncio de la próxima semana sobre los integrantes del comité técnico será el primer paso para verificar si el proceso de evaluación energética está libre de sesgos ideológicos o corporativos.
El escrutinio público se centra ahora en las dos condiciones impuestas por la mandataria: la protección total del agua potable y la minimización del impacto ambiental. El cumplimiento de estas promesas determinará si la gestión de Sheinbaum mantiene su coherencia política o si la urgencia energética fuerza una concesión histórica ante las dinámicas de mercado que BlackRock representa.