Por Carlos Lara Moreno
La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, no implica un cambio en la estrategia de seguridad y que la actuación de las Fuerzas Armadas se dio “dentro de la ley”.
Sin embargo, la versión oficial enfrenta inconsistencias sobre las circunstancias de la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), al tiempo que el gobierno minimiza el impacto de la violencia desatada tras el operativo y abre la puerta a una regulación acelerada de contenidos en redes sociales.
Sheinbaum afirmó que su administración “no actúa fuera de la ley” y que el objetivo “nunca fue ultimar a una persona”. No obstante, los reportes públicos no coinciden plenamente sobre el momento y forma en que murió Oseguera.
Mientras versiones oficiales señalan que fue herido, detenido y que falleció durante el traslado, otras crónicas periodísticas lo ubican muerto en el propio enfrentamiento. La diferencia no es menor: determina si se trató de una acción letal en combate o de un deceso bajo custodia del Estado.
La falta de una cronología detallada —parte médico, cadena de custodia, uso proporcional de la fuerza— alimenta dudas que el Ejecutivo ha respondido más con descalificaciones a la oposición que con información técnica verificable.
Violencia y Mundial: del “riesgo cero” a la realidad territorial
Tras el operativo, se registraron bloqueos carreteros, quema de vehículos y episodios de violencia en Jalisco y estados vecinos. Pese a ello, la Presidenta aseguró que “no hay ningún riesgo” para que Guadalajara sea sede del Mundial 2026.
El mensaje busca transmitir certidumbre a organizadores y patrocinadores; sin embargo, la afirmación absoluta contrasta con los hechos inmediatos.
En contextos de seguridad, el riesgo no desaparece por decreto: se gestiona. La narrativa de “riesgo cero” parece más un posicionamiento político que un diagnóstico técnico acompañado de indicadores públicos.
“Narco gobierno” y evasiva política
Sheinbaum calificó de “absurdo” el señalamiento de que exista un “narco gobierno”. Pero la respuesta evita el debate de fondo: ¿qué medidas concretas se adoptarán para evitar infiltraciones en policías locales, aduanas o estructuras municipales tras la caída del principal líder del CJNG?
Sin una explicación sobre desarticulación financiera y redes de complicidad, la negación categórica sustituye a la rendición de cuentas.
Libertad de expresión y regulación en “tiempo real”
En paralelo, la mandataria anunció la creación de un “detector de mentiras” y planteó que, en periodos electorales, la autoridad retire en tiempo real información comprobada como falsa en redes sociales.
El planteamiento abre un frente delicado: quién define qué es falso y bajo qué procedimiento. La experiencia comparada advierte que la línea entre combatir desinformación y censurar crítica legítima puede volverse difusa, sobre todo cuando la verificación ocurre bajo presión política y con criterios poco transparentes.
A ello se suma un elemento institucional confuso: en su exposición se mencionó al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) como actor regulador, pese a que el órgano fue sustituido por una nueva arquitectura regulatoria en 2025. La referencia imprecisa debilita el sustento técnico de la propuesta.
Continuidad discursiva, cambio fáctico
Aunque la Presidenta insiste en que la estrategia de seguridad mantiene sus cuatro ejes, atención a las causas, Guardia Nacional, inteligencia y coordinación,, el abatimiento del líder del CJNG constituye, en los hechos, un golpe de alto perfil que inevitablemente reconfigura el equilibrio criminal.
Negar que exista un giro estratégico puede ser útil para preservar coherencia política, pero la magnitud del operativo y sus consecuencias territoriales sugieren lo contrario: el Estado asumió un choque frontal con uno de los grupos más poderosos del país.
La narrativa oficial busca encuadrar el hecho como una acción legal y controlada. Sin embargo, las inconsistencias sobre la muerte, la minimización del impacto violento y la tentación de regular contenidos críticos dejan abierta una pregunta central: ¿se trata de una estrategia de seguridad transparente o de una operación política para controlar daños y relato?