Por Juan Pablo Ojeda
Petróleos Mexicanos confirmó que mantiene la venta de petróleo y petrolíferos a Cuba, en medio de la polémica generada por las restricciones promovidas por el Gobierno de Estados Unidos. Desde la visión del gobierno mexicano, se trata de una decisión que combina criterios humanitarios con consideraciones comerciales, sin que represente un impacto relevante para la producción nacional.
El director general de Pemex, Víctor Rodríguez, explicó que estas operaciones comenzaron en 2023 y que ese año alcanzaron un monto de 367 millones de dólares. Para dimensionar el tema, detalló que en 2024 la venta a la isla representó menos del uno por ciento del total del crudo producido por la empresa, por lo que calificó el volumen como marginal dentro de la operación general de la petrolera.
Rodríguez señaló que Pemex opera bajo un “contrato abierto”, es decir, un esquema flexible que depende tanto de las necesidades de Cuba como de la disponibilidad de petróleo de la empresa mexicana. En ese contexto, rechazó cualquier versión sobre adeudos y subrayó que la isla cumple puntualmente con sus pagos, sin facturas vencidas ni incumplimientos contractuales.
Desde el discurso oficial, la venta de petróleo se enmarca también en una política exterior que busca mantener canales de cooperación con otros países, especialmente en situaciones de vulnerabilidad. El propio director de Pemex insistió en que se trata de una decisión de bajo impacto económico para México, pero con un alto contenido simbólico y humanitario.
El tema fue respaldado por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien reiteró que su gobierno continuará brindando ayuda humanitaria a Cuba y que el envío de petróleo se defenderá por la vía diplomática. La mandataria subrayó que, mientras se exploran todas las opciones diplomáticas, México seguirá apoyando con productos considerados indispensables para la población cubana.
En el fondo, el debate refleja la tensión entre la política energética, la diplomacia y el contexto internacional. Para el gobierno mexicano, la prioridad es mantener la soberanía en la toma de decisiones y sostener una relación que, aseguran, no compromete la estabilidad financiera de Pemex ni la seguridad energética del país.