Por Juan Pablo Ojeda
El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer determinó que el Estado mexicano violó los derechos de 22 mujeres que permanecieron durante años en prisión preventiva dentro del Centro Federal de Readaptación Social No. 16, la única cárcel federal exclusiva para mujeres en el país.
El organismo de la Organización de las Naciones Unidas concluyó que el uso obligatorio y prolongado de la prisión preventiva oficiosa, la falta de atención médica especializada para mujeres y las dificultades para mantener contacto con sus familias constituyeron violaciones a sus derechos fundamentales.
El caso analizado por el comité incluye a mujeres detenidas desde 2009 por delitos relacionados con delincuencia organizada. Aunque la legislación mexicana establece la prisión preventiva oficiosa para ese tipo de delitos, muchos de los procesos judiciales se han prolongado por años sin sentencia. De hecho, tres de las mujeres fueron absueltas entre 2023 y 2024, después de haber pasado más de una década en prisión.
La integrante del comité Erika Schläppi explicó que varias de las detenidas permanecieron encarceladas durante periodos excesivamente largos sin que se revisara de forma adecuada la necesidad de mantener la medida cautelar. Según el dictamen, tampoco se evaluó el impacto que esta situación tiene de forma diferenciada en las mujeres.
Las cifras presentadas ante el comité muestran además que el fenómeno afecta de forma particular a las mujeres. Durante los primeros seis meses de 2020, el número de mujeres en prisión preventiva oficiosa creció 10.3%, mientras que en los hombres el aumento fue de 1.9%. Ese mismo año, el 51.7% de las mujeres privadas de la libertad en el sistema federal se encontraban sin sentencia, frente al 41.34% de los hombres.
El informe también documenta condiciones de salud deficientes dentro del penal. El CEFERESO 16 no cuenta con personal médico permanente ni con especialistas como ginecólogos, psiquiatras o pediatras, lo que limita la atención a las necesidades específicas de las internas y de sus hijos.
Otro problema señalado es el aislamiento familiar. Muchas de las mujeres recluidas provienen de estados lejanos y sus familiares no cuentan con recursos para viajar hasta el penal, por lo que pasan largos periodos sin recibir visitas.
La situación en ese centro penitenciario ha generado preocupación en años recientes. En 2023, doce mujeres se suicidaron dentro del penal, lo que llevó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a emitir una recomendación por las deficiencias en el acceso a servicios de salud.
El comité también revisó testimonios escritos de las afectadas. Entre ellos destaca el caso de Patricia Melo Tapia, detenida en 2011 y fallecida en 2020 dentro del penal. Su familia denunció que padecía gastritis y colitis y que solicitó ser trasladada para poder recibir visitas de su hija, petición que fue rechazada. Murió por un shock séptico no tratado, insuficiencia hepática aguda y un probable cáncer de ovario.
Otro testimonio fue el de Ivonne Hernández Carbajal, detenida en 2012, quien denunció que tanto ella como sus dos hijos adolescentes fueron torturados durante su detención. Posteriormente, los menores fueron enviados a instituciones públicas y ella aseguró que pasó ocho años sin recibir visitas, además de padecer alergias e insomnio sin tratamiento médico.
Las denunciantes sostuvieron que México incumplió los compromisos establecidos en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, al aplicar leyes y políticas públicas que, en la práctica, afectaron de manera desproporcionada a las mujeres.
El comité concluyó que la prisión preventiva oficiosa se aplica muchas veces de forma automática, sin analizar las circunstancias individuales de cada caso ni considerar medidas alternativas. También advirtió que reformas constitucionales recientes, aprobadas en 2024 y 2025, ampliaron los delitos que obligan a esta medida y limitaron la revisión judicial sobre su necesidad.
Ante este panorama, el organismo pidió al Estado mexicano otorgar reparaciones integrales a las 22 víctimas, incluidas indemnizaciones económicas. También recomendó garantizar atención médica y psicológica especializada dentro de las prisiones.
Además, instó a revisar la legislación mexicana para eliminar la prisión preventiva oficiosa, aplicar medidas cautelares con perspectiva de género y facilitar el traslado de las mujeres a centros penitenciarios cercanos a sus familias, reconociendo que muchas de ellas son las principales cuidadoras en sus hogares.