Carlos Lara Moreno
El Gobierno federal presentó una nueva Ley Federal de Cine y del Audiovisual, así como una reforma para proteger a intérpretes de doblaje ante la clonación de voz mediante inteligencia artificial.
La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, aseguró que ambas iniciativas responden a “demandas históricas” del sector y que sustituyen una legislación vigente desde 1992.
Sin embargo, más allá del discurso, las propuestas dejan vacíos relevantes.
En materia cinematográfica, se mantiene el 10% de exhibición para cine nacional, ahora con revisión semestral y ajustes semanales de cartelera, además de ampliar de siete a 14 días la permanencia mínima en salas.
La funcionaria sostuvo que la revisión anual anterior “dejaba en desventaja” al cine mexicano, pero no presentó datos que acrediten que el problema radique exclusivamente en la periodicidad de la revisión y no en factores estructurales como concentración de pantallas, distribución o hábitos de consumo.
Tampoco se detallaron mecanismos de supervisión ni sanciones para exhibidores en caso de incumplimiento.
Sin instrumentos claros de aplicación, el 10% garantizado corre el riesgo de convertirse en una meta declarativa más que efectiva.
La iniciativa también plantea que las plataformas digitales incluyan una sección específica para cine mexicano.
No obstante, no se precisó si habrá obligaciones de visibilidad algorítmica, cuotas de inversión o simplemente un espacio de catálogo, lo que deja abierta la posibilidad de que el cumplimiento sea meramente formal.
En cuanto al fomento al cine, la secretaria afirmó que quedará “garantizado en la ley”, pero lo condicionó a la disponibilidad presupuestaria. Esa cláusula introduce una contradicción: se habla de blindaje legal mientras el financiamiento permanece sujeto a decisiones anuales de Hacienda.
Sobre la protección a voces de doblaje frente a la IA, el Gobierno propone reconocer la voz humana como herramienta artística cuyo uso requerirá consentimiento expreso e informado, además de retribución. La medida responde a preocupaciones reales del gremio. Sin embargo, no se aclaró si la regulación abarcará también el uso de grabaciones para entrenar modelos de inteligencia artificial o únicamente la explotación comercial posterior. Esa diferencia es central para evitar vacíos legales.
INVESTIGACIÓN DE MINEROS EN SINALOA
En el frente de seguridad, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió una “investigación profunda” por el secuestro de mineros en Sinaloa y advirtió que no se dará por válida únicamente la versión de los detenidos. No obstante, desde el propio Gabinete de Seguridad se ha señalado como hipótesis principal la confusión con integrantes de un grupo criminal rival, lo que revela un desfase entre la narrativa prudente de la Presidencia y las líneas de investigación ya esbozadas públicamente.
La mandataria también abrió la posibilidad de revisar condiciones laborales y eventuales responsabilidades de la empresa minera, aunque hasta ahora no se han presentado indicios públicos que vinculen directamente a la compañía con el móvil del crimen. La ampliación del foco puede interpretarse como cautela institucional, pero también como dispersión narrativa frente a un hecho que ocurre en un contexto sostenido de violencia en la región.
En ambos casos —cultura y seguridad— el Gobierno apuesta por un mensaje de respaldo y modernización. Sin embargo, la ausencia de cifras verificables, reglas de implementación precisas y definiciones técnicas sobre el alcance de las reformas impide evaluar si se trata de transformaciones estructurales o de ajustes con efecto limitado.