Por Juan Pablo Ojeda
El Gabinete de Seguridad de México confirmó esta mañana que los dos ciudadanos estadounidenses fallecidos en el accidente del pasado 19 de abril en Chihuahua no contaban con acreditación formal para realizar actividades operativas en territorio nacional. Según los registros migratorios, uno de los individuos ingresó como visitante sin permiso remunerado, mientras que el otro portaba pasaporte diplomático sin autorización para tareas de campo.
Las investigaciones señalan que la presencia de estos agentes —presuntamente vinculados a la CIA— no fue notificada ni autorizada por las instancias federales. La legislación mexicana vigente es explícita al prohibir la participación de agentes extranjeros en acciones operativas dentro del país, permitiendo únicamente el intercambio de información y colaboración técnica.
El accidente, que resultó en el deceso de cuatro personas tras la volcadura y explosión de un vehículo, ocurrió mientras los agentes regresaban de la localización de laboratorios clandestinos. Este hecho ha derivado en cuestionamientos sobre la coordinación entre niveles de gobierno y la presencia de funcionarios estatales en actividades no reportadas a la Federación.
La Secretaría de Relaciones Exteriores, en conjunto con la Fiscalía General de la República y las fuerzas armadas, ha subrayado que no existía conocimiento previo sobre esta operación. El gobierno federal enfatiza que la soberanía nacional es el eje rector de cualquier esquema de seguridad transfronterizo.
La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, ha iniciado la conformación de una unidad especial para deslindar responsabilidades sobre la presencia de los agentes y las circunstancias de su participación en el operativo. Este esfuerzo busca aclarar el vínculo entre los funcionarios estatales y los extranjeros en una misión no autorizada.
La postura del gobierno federal busca evitar una crisis diplomática mientras se exige un acuerdo claro con Estados Unidos sobre los protocolos de colaboración. La prioridad es asegurar que los mecanismos de cooperación respeten estrictamente la jurisdicción mexicana, evitando la operación paralela de agencias foráneas.
La fiscalización de los registros migratorios y de seguridad continuará como parte de la investigación integral. Se espera que los resultados determinen si hubo una omisión deliberada por parte de funcionarios locales al permitir la participación de agentes extranjeros sin las credenciales requeridas.