El decreto sobre Luz y Fuerza ahorró recursos y evitó litigios millonarios, contrario a las recientes críticas del exconsejero.
En medio de la polvareda levantada por las recientes publicaciones de Julio Scherer, la revisión con lupa del Diario Oficial de la Federación (DOF) pone los puntos sobre las íes respecto al caso Luz y Fuerza del Centro (LyFC). Los documentos legales muestran una cara muy distinta a las acusaciones de «clientelismo» en la capital del país.
La controversia gira en torno al decreto presidencial que otorgó una compensación a los extrabajadores del extinto organismo. Mientras las voces críticas, incluyendo la del exconsejero jurídico, acusan un supuesto derroche en la Cuarta Transformación, las letras chiquitas del acuerdo revelan una estrategia jurídica de contención de daños para el Estado mexicano.
Contextualizando el escenario, hay que hacer memoria y regresar a octubre de 2009, cuando la administración de Felipe Calderón bajó el switch de tajo a la compañía eléctrica. Aquella maniobra dejó en la calle a miles de trabajadores y desató una avalancha de demandas contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep).
Lejos de ser un cheque en blanco o un regalo de fin de sexenio, el esquema implementado recientemente funciona en los hechos como un acuerdo de terminación de conflicto. Para que un ex electricista pueda acceder al sistema y ver un peso, la ley lo obliga a firmar su desistimiento ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
Esto significa, en plata pura, que los beneficiarios renuncian a cualquier juicio interpuesto contra el gobierno y manifiestan por escrito que no se guardan ninguna carta bajo la manga para futuras acciones legales. Se trata de dar carpetazo definitivo a un pleito laboral que llevaba más de una década sangrando en los tribunales capitalinos.
En el delicado terreno de los dineros, el texto oficial es tajante y corta de raíz las especulaciones sobre un boquete a las finanzas públicas. El decreto marca que todo pago debe salir del cajón que ya tenía asignado el Indep para su operación corriente durante el año fiscal.
No hay ampliaciones de presupuesto ni partidas secretas. La regla de oro, plasmada y publicada legalmente, es que no se autorizará ni un peso extra para cubrir estos compromisos, desactivando la bomba financiera que representaban los juicios vivos contra la nación.
Analistas jurídicos coinciden en que mantener esos litigios activos resultaba ser un negocio redondo para despachos privados, pero una auténtica pesadilla fiscal para el erario. La medida, despojada de la grilla política diaria, es una operación de cirugía mayor para sanear las cuentas gubernamentales.
Al final del día, los ciudadanos y contribuyentes pueden revisar los anexos del DOF para comprobar que la compensación tiene candados de hierro. La historia del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) sigue dando de qué hablar, pero los papeles oficiales cuentan una versión de ahorro que contrasta frontalmente con el ruido de los pasillos políticos.