Por Juan Pablo Ojeda
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó este jueves que hay empresarios estadounidenses que se dedicaban a introducir combustible a México sin pagar impuestos, una práctica conocida como huachicol fiscal, y que algunos de ellos enfrentan solicitudes de extradición para responder ante la justicia mexicana. La mandataria señaló que la información oficial corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR), que lleva la investigación y determinará los pasos legales correspondientes.
Durante la conferencia matutina frente a medios, Sheinbaum explicó que la cooperación con Estados Unidos es clave, dado que las autoridades estadounidenses también investigan estos casos. “Sí, son empresarios que se dedicaban a ser parte de la entrada de combustible sin pagar impuestos a México, y hay solicitud de extradición de algunos empresarios, y es la Fiscalía quien tiene que dar la información”, dijo la presidenta. Entre los involucrados, mencionó expresamente a la familia Jensen, quienes durante años operaron de manera ilícita en territorio mexicano.
El caso de los Jensen, según Sheinbaum, fue particularmente relevante: durante tres años, introdujeron 2 mil 881 cargamentos de petróleo crudo a México haciéndolos pasar por otro tipo de sustancias para eludir impuestos aduanales. Con la ayuda del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), lograron sostener la operación y obtuvieron ganancias por aproximadamente 300 millones de dólares. El tráfico de combustible seguía una ruta que usualmente va de norte a sur, desde las refinerías en Texas hacia México, aunque en este caso la familia estadounidense invirtió la operación a su favor. La red fue desmantelada por autoridades estadounidenses en abril del año pasado, pero México mantiene abierta la investigación y trabaja en la extradición de los involucrados.
Además de la acción legal, Sheinbaum recordó que las autoridades mexicanas han implementado medidas para reducir el huachicol fiscal, como la utilización de códigos QR en las pipas de combustible. Estos códigos permiten a la Secretaría de Energía, la Guardia Nacional y la FGR verificar el origen, destino y propiedad del combustible transportado. “Si no trae el QR, el vehículo se detiene y se debe demostrar de dónde viene y hacia dónde va”, explicó la presidenta. Esta medida de trazabilidad ha reducido significativamente el transporte ilegal, al obligar a registrar quién compra, quién transporta y hacia dónde va el combustible, coordinando esfuerzos entre el SAT, la Secretaría de Energía, Aduanas y Pemex.
Sobre otros temas, Sheinbaum fue cuestionada respecto a la reciente publicación de audios que señalaban una reunión del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, con el contralmirante Fernando Guerrero. La presidenta aclaró que no hay investigaciones abiertas contra el exsecretario y reiteró que todas las líneas de investigación relacionadas con el contrabando de combustible continúan bajo la supervisión de la Fiscalía.
En resumen, el gobierno de México mantiene un esfuerzo coordinado con autoridades internacionales para sancionar a quienes participaron en el huachicol fiscal, mientras que las medidas de trazabilidad buscan garantizar que el transporte de combustible sea legal y seguro, combatiendo así una práctica que durante años representó un golpe a la economía nacional y un riesgo para la seguridad energética del país.