-
La pedrera exhibe audio sobre presuntas presiones de funcionarios de NL
Nuevo León.-La empresa Materiales Triturados Martínez (Matrimar), ubicada en Cerralvo, denunció al gobierno estatal de Samuel García de extorsionarla con un pago de 50 millones de pesos como condición para continuar con sus operaciones.
Como prueba de esto hizo público un audio de una llamada realizada el 27 de noviembre de 2025 en donde se escucha al dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Baltazar Martínez Ríos, hacer las veces de intermediario en una negociación para dejar operar a una empresa a cambio de una importante suma.
De acuerdo con el contenido del audio, el dirigente emecista menciona conversaciones con funcionarios estatales vinculados a áreas de fiscalización y medio ambiente, señalando que la empresa se encontraba “arrinconada” por auditorías y suspensiones, y planteando la posibilidad de “alinearse” mediante un acuerdo económico.
Se ha mencionado en diferentes medios que el conflicto entre las pedreras y la administración de Samuel García tiene como origen el impuesto verde, el cual fue incorporado a la Ley de Ingresos de Nuevo León en 2022. Este impuesto aplica a emisiones contaminantes, descargas de agua y la extracción de materiales pétreos como la caliza.
En 2024, la recaudación por el impuesto verde fue de 1,162 millones de pesos, sin embargo el gobierno de Nuevo León no ha informado el destino de esos recursos.
Según la propia compañía, un amparo obtenido contra medidas impuestas por la autoridad ambiental fue seguido horas después por una nueva clausura realizada durante la madrugada, hecho que señaló como parte de un patrón de presión para forzar acuerdos.
En su posicionamiento público, Matrimar afirmó que las resoluciones judiciales recientes respaldan sus argumentos y acusó la existencia de prácticas dirigidas a condicionar su operación.
La denuncia presentada por la empresa Matrimar se suma a una larga lista, que, según versiones de directivos empresariales de Monterrey, no sería un hecho aislado, sino parte de un patrón más amplio de presuntas presiones hacia corporativos del estado. Representantes del sector extractivo señalan que las inspecciones y sanciones se han intensificado bajo una lógica que consideran de carácter recaudatorio que medio ambiental.
Por otro lado, empresarios vinculados a algunos de los principales grupos industriales regiomontanos han señalado, en distintos momentos, que funcionarios estatales habrían utilizado auditorías e investigaciones financieras como mecanismo de presión para solicitar “apoyos” económicos a cambio de evitar procedimientos administrativos o fiscales.