El Congreso de la Ciudad de México no presentará denuncias ni emprenderá acciones legales contra los manifestantes que irrumpieron con violencia en su recinto el pasado 8 de abril de 2026. Así lo afirmó su presidente de la Mesa Directiva, Jesús Sesma, quien calificó la actuación de los inconformes como producto de la “desesperación” ante la falta de atención institucional a sus demandas.
Durante un posicionamiento público, el legislador señaló que la irrupción —protagonizada por integrantes de la Asamblea de Barrios— se originó en un contexto de fallas de comunicación entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo local. De acuerdo con Sesma, una reunión previamente acordada con autoridades del Gobierno de la Ciudad de México fue cancelada, mientras que de manera paralela se instaló otra mesa de diálogo, lo que generó confusión y tensión entre los manifestantes.
Los hechos derivaron en la ruptura de vidrios y el ingreso forzado al vestíbulo del recinto legislativo, lo que obligó a suspender la sesión en curso. El presidente de la Mesa Directiva explicó que el Congreso esperaba una lista formal de representantes para iniciar negociaciones, pero la falta de coordinación interinstitucional impidió concretar el encuentro en tiempo y forma.
Pese a la violencia registrada, Sesma descartó represalias legales y reconoció la labor del personal de resguardo del Congreso, que —según indicó— actuó conforme a sus capacidades ante un escenario que fue subestimado. No obstante, anunció que se revisarán los protocolos de seguridad para evitar que situaciones similares vuelvan a ocurrir.
El legislador también abrió la posibilidad de analizar la implementación de operativos policiacos permanentes en el recinto, aunque admitió que el día de los hechos no se solicitó apoyo adicional al considerar que no existía un riesgo inminente. Esta omisión, dijo, será parte de la evaluación interna que se realizará tras el incidente.
En el plano político, el episodio evidenció tensiones entre los poderes locales. Sesma subrayó que ha sostenido más reuniones con representantes del Poder Judicial que con el Ejecutivo capitalino, lo que —a su juicio— refleja una ruptura en los canales de diálogo institucional. Esta situación podría incidir en la gobernabilidad y en la capacidad de respuesta ante demandas sociales urgentes.
Especialistas en gobernanza urbana y fuentes legislativas consultadas coinciden en que el conflicto pone de relieve problemáticas estructurales no resueltas en diversos barrios de la capital, particularmente en materia de servicios públicos, vivienda y atención comunitaria. La falta de mecanismos eficaces de interlocución entre autoridades y organizaciones sociales ha sido señalada como un factor recurrente en la escalada de protestas.
Hasta el momento, el Congreso de la Ciudad de México no ha informado sobre una fecha específica para retomar el diálogo con los grupos inconformes, mientras que el Gobierno de la Ciudad de México no ha emitido un posicionamiento detallado sobre las acusaciones de falta de coordinación. El caso se mantiene como un punto crítico en la relación entre poderes y en la atención de demandas ciudadanas en la capital.