El Gobierno de la Ciudad de México informó que el conflicto por la posesión de un predio ubicado en el kilómetro 17.5 de la carretera México–Toluca, en la alcaldía Cuajimalpa, corresponde a un litigio entre particulares que se dirime en el ámbito civil desde 2021. No obstante, tras la ejecución de una resolución judicial que permitió a la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama, I.A.P., tomar posesión del inmueble, el caso escaló a la apertura de investigaciones por presunto maltrato animal.
A través de la Secretaría de Gobierno (SECGOB), la administración capitalina precisó que se trata de un juicio civil entre la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama, I.A.P., y el Refugio Franciscano, A.C., relacionado con la posesión del predio. Según el comunicado oficial, la controversia ha sido atendida exclusivamente en el ámbito jurisdiccional correspondiente desde hace más de tres años.
En ese contexto, y en cumplimiento de una resolución judicial, la fundación tomó posesión del inmueble. La autoridad capitalina subrayó que respetará todas las determinaciones emitidas por los órganos jurisdiccionales respecto a la propiedad en disputa, en apego al Estado de derecho.
Sin embargo, el Gobierno local reconoció que, tras esta acción, mantuvo contacto con ambas partes y advirtió que ninguna de las instituciones colocó en el centro del conflicto el bienestar de los animales albergados en el sitio. Esta afirmación introduce un elemento crítico en la narrativa oficial, al señalar una posible omisión ética en medio de la disputa legal.
A partir del 12 de diciembre, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial iniciaron investigaciones derivadas de denuncias por presunto maltrato animal. Ambas instancias deberán determinar si existieron conductas constitutivas de delito o violaciones a la normatividad ambiental y de protección animal vigente en la capital.
El Gobierno capitalino, encabezado por Clara Brugada Molina, afirmó que su prioridad será garantizar el bienestar animal y mantenerse atento al desarrollo del caso. Asimismo, informó que sostendrá una reunión con representantes del Refugio Franciscano y organizaciones civiles que respaldan su causa, lo que sugiere una apertura al diálogo en medio de la controversia.
Aunque la administración local insiste en que se trata de un conflicto entre particulares, la dimensión pública del caso —por involucrar seres sintientes y posibles actos de maltrato— ha colocado presión sobre las autoridades para vigilar que la ejecución de resoluciones judiciales no derive en afectaciones a derechos reconocidos en la legislación capitalina. El desenlace dependerá tanto de las decisiones judiciales en materia civil como de los resultados de las investigaciones ministeriales y ambientales en curso.