Por Juan Pablo Ojeda
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo abrió un nuevo frente político con la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, al calificar como “muy autoritaria” la decisión de retirar una mesa de atención ciudadana instalada por el concejal José Emilio Villar González en la explanada de la alcaldía.
Desde su postura, Sheinbaum defendió el derecho del concejal —electo por voto popular— a atender directamente a la ciudadanía, y cuestionó la intervención del gobierno local para impedirlo. “Nadie puede prohibir que una persona elegida por el pueblo atienda a la gente”, afirmó, al subrayar que no existe delito alguno que justifique una sanción o un desalojo.
El señalamiento presidencial colocó a Rojo de la Vega en el centro de la crítica, al tratarse, según Villar, de una orden directa de su administración a personal de vía pública. Para Sheinbaum, el acto contradice el discurso de apertura democrática que suelen enarbolar gobiernos locales cuando acusan prácticas autoritarias desde otros niveles de poder.
El conflicto escaló al Congreso de la Ciudad de México, donde legisladores de Morena respaldaron al concejal y acusaron a la alcaldesa de vulnerar el derecho a la participación política y a la representación ciudadana. Recordaron que Villar se reincorporó legalmente a sus funciones tras una ausencia temporal y que no existía impedimento administrativo para que realizara audiencias públicas.
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Ante estos hechos, el concejal anunció que presentará una denuncia ante la Secretaría de la Contraloría General y una queja ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México, lo que podría trasladar la confrontación del terreno político al institucional.
La disputa no ocurre en el vacío. La relación entre Rojo de la Vega y Morena ha sido conflictiva desde el inicio de su gestión. Legisladores del partido guinda la han acusado previamente de financiar movilizaciones que derivaron en hechos violentos y de recurrir a denuncias públicas que después tuvo que rectificar, como ocurrió en el caso del diputado federal Arturo Ávila.
El choque con Sheinbaum marca un punto de tensión relevante entre el gobierno federal y una de las alcaldías más visibles de la capital. Más allá del caso concreto del concejal, la confrontación abre un debate sobre el uso del poder territorial, los límites de la autoridad local y la tolerancia a la pluralidad política en la Ciudad de México.