Jue. Feb 5th, 2026

Por Juan Pablo Ojeda

 

La clausura de una estética dentro del Senado de la República volvió a poner bajo la lupa el uso de espacios y servicios en el Poder Legislativo. La tarde del miércoles 4 de febrero de 2026, personal de resguardo colocó sellos de cierre en un local habilitado en el segundo piso del complejo legislativo, ubicado entre Paseo de la Reforma e Insurgentes, apenas unas horas después de que circulara un video que confirmaba su funcionamiento y desatara una fuerte polémica pública.

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, salió a dar su versión y aseguró que los servicios que se ofrecían en ese espacio no eran financiados con recursos públicos. Explicó que cada senadora o senador cubría el costo de manera individual y que el lugar funcionaba como un apoyo logístico para quienes participan en las sesiones. Según dijo, no se trataba de un privilegio extraordinario, pues espacios similares existen también en la Cámara de Diputados.

Castillo sostuvo que no se pagaba con dinero del Senado ningún servicio de peinado, maquillaje o arreglo personal, y que la intención era facilitar la presentación de las y los legisladores, especialmente en jornadas largas de trabajo parlamentario. Sin embargo, poco después de estas declaraciones, el área fue inhabilitada sin que se ofreciera una explicación formal sobre las razones del cierre, lo que avivó aún más el debate.

El establecimiento no contaba con anuncios visibles y operaba principalmente los días de sesión, en un horario de 7:00 a 14:00 horas. De acuerdo con la información que trascendió, estaba equipado con sillas de estilismo, lavabos para lavado de cabello y herramientas de maquillaje profesional. Este espacio había permanecido cerrado desde 2018, cuando se implementaron las medidas de austeridad al inicio del gobierno de la Cuarta Transformación.

Aunque algunas fuentes parlamentarias señalaron que la reapertura habría sido impulsada por legisladores en particular, la presidencia del Senado insistió en que se trató de una solicitud general, pensada como un apoyo práctico y no como un beneficio exclusivo. Aun así, el cierre inmediato del lugar dejó abierta la discusión sobre los límites entre la operación interna del Congreso, la austeridad republicana y la percepción ciudadana sobre los privilegios en la vida política.

El episodio refleja cómo, en un contexto de exigencia social y desconfianza hacia las instituciones, incluso decisiones administrativas pueden convertirse en símbolos del debate más amplio sobre el uso de recursos públicos y la congruencia entre el discurso y la práctica en el Senado.

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