Por Juan Pablo Ojeda
El gobierno de Donald Trump ha intensificado su presión diplomática sobre México para que permita operaciones conjuntas con fuerzas estadounidenses destinadas a desmantelar laboratorios de fentanilo en territorio nacional, de acuerdo con funcionarios de alto nivel en Washington. La propuesta contempla que tropas de Operaciones Especiales o agentes de inteligencia acompañen a soldados mexicanos durante redadas contra instalaciones clandestinas.
La idea no es nueva. Fue planteada por primera vez a inicios del año pasado y posteriormente quedó en pausa. Sin embargo, volvió a cobrar fuerza tras la reciente captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, una operación que, según fuentes estadounidenses, envalentonó a la administración de Trump para impulsar una mayor intervención directa en la región.
Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado que México está dispuesto a cooperar con Estados Unidos en el combate al narcotráfico, pero ha sido clara al rechazar la presencia de tropas extranjeras armadas en suelo mexicano. “Colaboración sí, subordinación no”, ha sido el mensaje constante del nuevo gobierno mexicano.
Funcionarios estadounidenses sostienen que los laboratorios de fentanilo son especialmente difíciles de localizar y destruir, debido a que suelen operar en espacios reducidos y con insumos comunes, a diferencia de los de metanfetamina o cocaína. Por ello, Washington ha reforzado el uso de drones y tecnología de inteligencia para rastrear precursores químicos y posibles puntos de producción.
Durante el gobierno de Joe Biden, la Central Intelligence Agency comenzó vuelos secretos con drones sobre México, información que actualmente se comparte con el Ejército mexicano para planear operativos. En la nueva propuesta, Estados Unidos busca ir más allá y participar directamente en las redadas, dirigiendo misiones y tomando decisiones clave, aunque oficialmente en un papel “de apoyo”.
Para México, el tema es especialmente delicado. Autoridades federales han advertido que permitir operaciones militares estadounidenses violaría la soberanía nacional y contravendría reformas legales recientes que limitan la presencia de fuerzas extranjeras. Además, existe un fuerte componente histórico: Estados Unidos ha intervenido militarmente en México en múltiples ocasiones, lo que mantiene viva la desconfianza en amplios sectores políticos y sociales.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, ha subrayado que el país cuenta con fuerzas especiales altamente capacitadas y que lo que realmente se requiere es mayor intercambio de información, no soldados extranjeros. Actualmente, agentes de la Drug Enforcement Administration operan en México bajo estrictas limitaciones: están desarmados y no participan en acciones terrestres.
La presión de Washington coloca a Sheinbaum en una posición compleja. Aceptar la propuesta podría provocar tensiones internas en su partido y entre la opinión pública; rechazarla, en cambio, abre el riesgo de acciones unilaterales por parte de Estados Unidos, escenario que podría detonar una crisis diplomática de alto impacto.
Mientras tanto, el gobierno mexicano asegura haber intensificado su ofensiva contra los cárteles, particularmente en Sinaloa, con más detenciones y destrucción de laboratorios que en administraciones anteriores. La cooperación bilateral continúa, pero el debate sobre hasta dónde debe llegar sigue abierto.