Por Juan Pablo Ojeda
La presidenta Claudia Sheinbaum declaró este viernes que durante el sexenio de Felipe Calderón se permitió la operación directa de agencias de inteligencia y seguridad de Estados Unidos en territorio mexicano. La mandataria sostuvo que esta política facilitó la injerencia extranjera en asuntos de soberanía nacional, estableciendo un precedente que, según su administración, persiste en las estructuras de seguridad actuales.
Las declaraciones se producen en el marco de las investigaciones sobre la reciente detención de Ismael «El Mayo» Zambada, donde han surgido versiones sobre una supuesta participación activa del FBI. Sheinbaum señaló que los registros oficiales indican una apertura administrativa y operativa que permitió a los agentes estadounidenses trabajar con autonomía dentro de las fuerzas del orden de México.
Los datos de la Secretaría de Gobernación sugieren que, entre 2006 y 2012, se incrementó en un 40% la firma de convenios de cooperación con el Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Estos acuerdos, según la titular del Ejecutivo, fueron la base para que la operatividad de agencias extranjeras se consolidara en el combate al crimen organizado.
Desde una perspectiva de transparencia técnica, la actual administración busca auditar los términos de dichos convenios para determinar el grado de injerencia que aún mantienen las agencias extranjeras en las instituciones mexicanas. El objetivo es ajustar los protocolos de colaboración a las normativas de seguridad que garantizan la soberanía nacional.
El análisis de esta política pública durante el periodo 2006-2012 muestra que el incremento en la presencia de agentes extranjeros no se tradujo en una disminución proporcional de los índices delictivos. Por el contrario, la tasa de homicidios se mantuvo con una tendencia al alza, cuestionando la eficacia de la estrategia de seguridad coordinada bajo el esquema de «agencias abiertas».
Sheinbaum enfatizó que el gobierno federal está revisando la bitácora de reuniones y acuerdos para deslindar responsabilidades sobre qué información compartida facilitó operativos extranjeros. Este ejercicio es fundamental para definir el marco de actuación de las fuerzas de seguridad mexicanas y su relación con sus contrapartes en Washington.
La nota técnica del Ejecutivo concluye que la revisión de estos acuerdos es necesaria para fortalecer la autonomía institucional. La postura de la presidenta es clara al señalar que la colaboración internacional debe ser un instrumento de apoyo y no una vía para la subordinación de la inteligencia mexicana frente a agencias externas.