Por Juan Pablo Ojeda
La Secretaría de las Mujeres del Gobierno de México emitió un pronunciamiento formal dirigido a los magistrados del Poder Judicial para exigir que se evite la impunidad en el proceso legal de la activista y saxofonista María Elena Ríos Ortiz. La advertencia institucional ocurre ante la posibilidad de que Juan Antonio Vera Carrizal, acusado como autor intelectual del ataque con ácido perpetrado contra la víctima en 2019, obtenga su libertad este viernes 22 de mayo de 2026. La audiencia definitiva resolverá los amparos en revisión presentados por la defensa del procesado.
El despliegue del recurso judicial también contempla las solicitudes de liberación de Rubén Loaiza Charrez y Rubisela Hernández Ríos, quienes se encuentran recluidos bajo el cargo de coautores materiales de la agresión. Los datos del expediente clínico y judicial indican que las pruebas de la agresión con químicos punzantes permanecen impresas en el tejido de la víctima, configurando una alteración de salud irreversible. La dependencia federal remarcó que una resolución absolutoria vulneraría de forma directa los mandatos constitucionales de igualdad sustantiva.
Los registros de la Secretaría de las Mujeres confirman que la institución opera actualmente sin una titular designada tras la renuncia de Citlalli Hernández Mora en abril pasado. No obstante, la estructura técnica de la dependencia oficializó el exhorto bajo el criterio de vigilar los estándares de protección internacional firmados por el Estado mexicano. El documento emitido puntualiza que el tribunal encargado del caso debe priorizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias sobre los tecnicismos procesales.
La defensa jurídica de María Elena Ríos ha documentado diversas anomalías en la bitácora del proceso desde el inicio de la causa penal hace siete años. Entre los registros destaca la concesión previa de la medida cautelar de prisión domiciliaria en favor de Vera Carrizal, dictaminada tras argumentar padecimientos crónicos de hemorroides y cuadros de depresión clínica. Desde agosto de 2024, los asesores legales de la activista denunciaron omisiones sistemáticas en la valoración del riesgo de fuga por parte de los juzgadores.
La validez probatoria del caso se encuentra bajo escrutinio técnico, luego de que la defensa del exdiputado señalara supuestas inconsistencias en la fundamentación de la presunción de inocencia durante las etapas previas del juicio. Frente a estos argumentos, la Secretaría de las Mujeres reiteró que ha brindado acompañamiento técnico y psicológico a Ríos Ortiz, detectando que las barreras burocráticas incrementan los plazos de resolución y desgastan la cadena de custodia de las evidencias materiales presentadas.
El impacto normativo del caso derivó en la promulgación de la denominada «Ley Malena» en distintas entidades del país, un marco legislativo penal diseñado específicamente para tipificar y sancionar de manera autónoma las agresiones perpetradas mediante el uso de ácidos, sustancias químicas o corrosivas. Los indicadores de violencia de género señalan que una resolución en favor de los imputados enviaría una señal de laxitud judicial en el castigo de delitos de alta tentativa de feminicidio.
La sesión del tribunal de alzada se programó para desahogarse durante el transcurso de este viernes, bajo un esquema de vigilancia por parte de organizaciones civiles de derechos humanos. El balance de la jornada jurídica determinará si el exdiputado permanece bajo la medida de prisión preventiva justificada o si se modifica su estatus procesal, modificando el escenario de seguridad para la sobreviviente y su núcleo familiar inmediato.