Mientras el gobierno de la Ciudad de México sostiene que algunos indicadores delictivos van a la baja, reportes institucionales y testimonios ciudadanos apuntan a un incremento en homicidios, desapariciones y delitos de alto impacto en diversas alcaldías, particularmente en Iztapalapa, lo que ha reavivado críticas sobre posibles estrategias de contención mediática y falta de transparencia en la información oficial.
En informes recientes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), se observa una variación en delitos de alto impacto, incluidos homicidios dolosos y denuncias por extorsión, que contrastan con el discurso oficial de reducción sostenida. Si bien algunas cifras muestran descensos en ciertos rubros, especialistas advierten que la lectura fragmentada de datos puede ocultar tendencias preocupantes.
Por su parte, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha informado avances en investigaciones y detenciones; sin embargo, organizaciones civiles señalan que persisten rezagos en la procuración de justicia, así como subregistro en delitos que no se denuncian formalmente, lo que impacta la confiabilidad de las estadísticas.
En el ámbito de desapariciones, datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas evidencian un aumento en reportes recientes, mientras colectivos de búsqueda han denunciado dificultades para acceder a información actualizada y detallada. Esta situación ha sido señalada como un factor que limita la evaluación real de las políticas públicas en materia de seguridad.
Asimismo, la implementación de mecanismos como la Alerta por Violencia contra las Mujeres ha sido cuestionada por presunta opacidad. De acuerdo con reportes de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la disponibilidad y periodicidad de la información pública no siempre permiten un seguimiento puntual de los resultados, lo que genera dudas sobre su efectividad.
En paralelo, han surgido señalamientos sobre posibles intentos de incidir en la cobertura mediática de la violencia. Aunque no existe confirmación oficial de una política de censura, analistas advierten que cualquier llamado a reducir la difusión de nota roja sin atender las causas estructurales podría interpretarse como una estrategia para modificar la percepción pública más que la realidad delictiva.
En el terreno cotidiano, habitantes de zonas populares refieren un aumento en hechos como balaceras, robos y extorsiones, así como una percepción persistente de impunidad. Esta brecha entre cifras oficiales y experiencia ciudadana ha sido identificada por expertos como uno de los principales desafíos para la política de seguridad: recuperar la confianza mediante datos verificables y resultados tangibles.
Finalmente, instituciones como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía han reiterado que la percepción de inseguridad sigue siendo elevada en áreas urbanas, lo que refleja no solo la incidencia delictiva, sino también la evaluación social del desempeño gubernamental. En este contexto, especialistas coinciden en que la transparencia, la rendición de cuentas y el fortalecimiento institucional son elementos clave para enfrentar la crisis de violencia en la capital.