Por Juan Pablo Ojeda
La estrategia económica del Gobierno Federal para mitigar el impacto inflacionario se centra ahora en el sector energético. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció una reunión de alto nivel con representantes del gremio gasolinero para la próxima semana, con el objetivo de negociar una reducción en las comisiones por transacciones con tarjeta y vales, lo cual impactaría directamente en el costo final del diésel.
Los datos presentados por la mandataria muestran una tendencia marginal a la baja en el Índice Nacional de Precios al Consumidor, pasando de 4.59% en marzo a 4.53% en abril. La administración federal sostiene que la estabilización de los precios del combustible es una variable fundamental para frenar el aumento en la canasta básica.
Actualmente, el precio de la gasolina Magna se mantiene por debajo de los 24 pesos por litro, mientras que el diésel, bajo un esquema de acuerdo previo, se posiciona en los 28 pesos. El Ejecutivo busca reducir este margen operativo mediante la optimización de los costos de transacción que absorben los distribuidores.
El contexto internacional añade presión al sector, especialmente tras el cierre del Estrecho de Ormuz por tensiones en Medio Oriente, lo que ha elevado el costo de la turbosina y, por extensión, encarecido la logística de transporte de mercancías a nivel global.
Por otro lado, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) reporta un panorama preocupante en el mercado minorista. La canasta básica superó los 2,100 pesos en abril, impulsada por el alza en productos esenciales como el jitomate, la papa y el chile, cuyos precios han sido afectados por factores logísticos y de inseguridad.
La ANPEC argumenta que las estrategias actuales como el PACIC requieren una revisión profunda para ser efectivas. Los comerciantes advierten que la inflación alimentaria continúa siendo una barrera crítica para el consumo popular, exacerbada por la extorsión y los gastos operativos en las cadenas de suministro.
El éxito de la gestión gubernamental dependerá de que el ahorro obtenido mediante la reducción de comisiones bancarias sea trasladado efectivamente al consumidor final y a los transportistas, quienes son el eslabón primario de la distribución de alimentos en el país.