En medio del cierre de la consulta pública del Plan General de Desarrollo 2025-2045, autoridades educativas capitalinas impulsan la creación de contralorías ciudadanas en planteles escolares como mecanismo para fortalecer la transparencia en el uso de recursos públicos; sin embargo, especialistas advierten que su eficacia dependerá de la capacitación, seguimiento institucional y evitar simulaciones.
Durante el conversatorio “Formación de Contralorías en Entornos Escolares”, encabezado por la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTEI), se destacó que estos comités, integrados principalmente por madres y padres de familia, tienen la función de vigilar la correcta ejecución de obras y programas en las escuelas públicas, particularmente en rubros como infraestructura, mantenimiento y adquisición de mobiliario.
De acuerdo con la SECTEI y la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, las contralorías ciudadanas operan como un mecanismo de “transparencia preventiva”, al permitir que la comunidad supervise directamente el ejercicio del gasto y verifique que los recursos se utilicen conforme a la normativa vigente.
En el encuentro participaron también representantes del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva (IPDP), la Secretaría de la Contraloría General (SCG) y el Fideicomiso Bienestar Educativo (Fibien), quienes coincidieron en que la vigilancia social es clave para evitar desviaciones de recursos y mejorar la calidad de las obras en los planteles.
Uno de los puntos centrales fue la consolidación de un “triángulo de corresponsabilidad” entre autoridades, comunidad educativa y alumnado, esquema que —según las autoridades— ha permitido fortalecer la toma de decisiones y generar mayor apropiación del patrimonio escolar.
Asimismo, se destacó el impacto del programa La Escuela es Nuestra, Mejor Escuela, el cual, de acuerdo con directivos escolares, ha facilitado mejoras antes consideradas inviables, como la rehabilitación integral de sanitarios, mantenimiento eléctrico y ampliación de espacios educativos en planteles con alta matrícula, particularmente en alcaldías como Iztapalapa, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo.
No obstante, expertos en política pública advierten que, si bien estos mecanismos representan un avance en participación ciudadana, enfrentan desafíos estructurales como la falta de capacitación técnica de los comités, la posible carga administrativa para las familias y la necesidad de garantizar que sus observaciones tengan efectos vinculantes en la toma de decisiones.
En este sentido, el titular de la SECTEI señaló que el proceso de consulta del Plan General de Desarrollo ha sido inédito y busca mejorar los diagnósticos y la comunicación entre autoridades y comunidad, aunque reconoció que será necesario fortalecer los mecanismos de operación para evitar burocratización y asegurar la entrega directa de los apoyos.
Finalmente, las autoridades coincidieron en que el modelo de contralorías ciudadanas deberá consolidarse como parte de una política pública de largo plazo hacia 2045, con el objetivo de profundizar la democracia participativa en el ámbito educativo y garantizar condiciones dignas para el aprendizaje, en línea con los principios establecidos por instancias como la Secretaría de la Contraloría General.