Por Juan Pablo Ojeda
En medio de uno de los temas más sensibles para el país, el gobierno federal puso sobre la mesa algunos resultados de su estrategia de seguridad. Desde Palacio Nacional, la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que se han dado de baja cientos de cuentas en redes sociales utilizadas por grupos delictivos para enganchar a jóvenes.
De octubre de 2024 a marzo de 2026, el Gabinete de Seguridad eliminó 547 perfiles digitales ligados al crimen organizado, mientras que otras 725 cuentas siguen bajo investigación. En términos simples, esto forma parte de una política pública que busca frenar el reclutamiento desde su origen: el contacto inicial, que hoy muchas veces ocurre en plataformas digitales.
Pero el problema no se queda en lo virtual. Rodríguez también destacó que se han cumplido 286 órdenes de aprehensión relacionadas con desaparición de personas. Aquí es donde entra otra parte clave de la estrategia: combinar inteligencia, operativos y coordinación institucional para atacar directamente a quienes cometen estos delitos.
En paralelo, el gobierno insiste en que no todo se resuelve con detenciones. La prevención se ha vuelto un eje central, especialmente en temas como la trata de personas y la desaparición de menores. Por eso, la secretaria fue clara en algo que puede hacer cualquier ciudadano: ante una desaparición no hay que esperar. Se debe reportar de inmediato a las autoridades, porque las primeras horas son clave.
Desde el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, su titular Marcela Figueroa puso contexto a un fenómeno que ha cambiado con el tiempo. Explicó que la desaparición forzada, como se conocía entre los años 50 y 90, estaba vinculada principalmente a autoridades. Hoy, el panorama es distinto: gran parte de los casos están relacionados con el crimen organizado, sobre todo a partir de 2006.
Los datos también dibujan el perfil de las víctimas. La mayoría son hombres de entre 30 y 59 años, aunque también hay un número importante de mujeres jóvenes, de entre 18 y 29 años. Estas cifras no solo sirven para dimensionar el problema, sino para orientar las políticas públicas hacia los grupos más vulnerables.
En el fondo, lo que plantea el gobierno es una estrategia que combina tres frentes: prevención, persecución del delito y atención a víctimas. El reto, como siempre, está en que estos esfuerzos se traduzcan en menos casos y en respuestas más rápidas para las familias, que siguen siendo el centro de una crisis que México aún no logra cerrar.