Por Juan Pablo Ojeda
El caso del ataque en una preparatoria de Lázaro Cárdenas, Michoacán, ya escaló del ámbito judicial al político. El diputado Carlos Bautista Tafolla planteó una postura contundente: considera que el adolescente de 15 años que asesinó a dos maestras debería recibir la pena de muerte.
Aunque reconoció que la ley mexicana obliga a juzgarlo como menor de edad, el legislador fue claro al expresar que, en su opinión, el crimen amerita un castigo ejemplar. Su declaración no es menor, porque revive un debate que en México parecía cerrado: la viabilidad legal y constitucional de la pena capital.
Bautista Tafolla no se quedó ahí. También señaló que los padres del menor deberían enfrentar consecuencias legales, al cuestionar cómo el joven tuvo acceso a un arma de uso exclusivo del Ejército. Este punto conecta con una discusión más amplia sobre responsabilidad familiar y control de armas en el país.
El planteamiento del diputado tiene antecedentes. En 2025, presentó una iniciativa para aplicar la pena de muerte a adultos responsables de homicidios en Michoacán. Sin embargo, el Congreso local rechazó la propuesta al considerarla inconstitucional y sin evidencia de que reduzca la violencia.
Más allá de la viabilidad jurídica, el posicionamiento refleja el clima político que generan este tipo de tragedias. Ante hechos de alto impacto social, suelen surgir propuestas de “mano dura” que buscan responder al enojo ciudadano, aunque no siempre encajen en el marco legal vigente.
El caso que detonó estas declaraciones sigue bajo investigación. La Fiscalía General del Estado de Michoacán confirmó que el ataque fue directo contra las dos profesoras, perpetrado con un rifle AR-15 que el menor ocultó en una funda de guitarra para ingresar al plantel.
También se confirmó que el joven había publicado horas antes contenido en redes sociales donde anticipaba el ataque, lo que vuelve a poner sobre la mesa fallas en la detección de riesgos y prevención.
En el fondo, el debate no es solo sobre el castigo, sino sobre qué tipo de respuesta puede ofrecer el Estado ante hechos de esta magnitud. Entre propuestas punitivas y límites constitucionales, el caso de Michoacán abre una discusión que va más allá de un solo crimen.