Por Juan Pablo Ojeda
La presidenta Claudia Sheinbaum salió a defender su propuesta de reforma electoral conocida como “Plan B”, una versión ajustada de su iniciativa original que ahora busca avanzar en el Senado de la República tras haber sido rechazada previamente en la Cámara de Diputados.
Para entender qué está en juego, hay que aterrizarlo: el llamado “Plan B” plantea reducir ciertos costos del sistema electoral —lo que el gobierno denomina privilegios— y, al mismo tiempo, reforzar mecanismos de participación ciudadana como la revocación de mandato. Es decir, por un lado busca hacer más barato el aparato electoral, y por otro, mantener herramientas para que la ciudadanía pueda evaluar a sus gobernantes antes de que termine su periodo.
Durante su conferencia matutina, Sheinbaum respondió directamente a las críticas de la oposición, especialmente en torno a este último punto. La revocación de mandato ha sido uno de los temas más polémicos porque redefine la relación entre ciudadanos y poder: permite, en teoría, quitar a un gobernante antes de que concluya su encargo si pierde el respaldo popular.
En ese contexto, la presidenta también señaló que algunas críticas tienen un trasfondo que calificó como machista. Esto lo dijo en referencia a los señalamientos recurrentes de que actúa bajo la influencia del expresidente Andrés Manuel López Obrador, una narrativa que, según ella, busca restarle autonomía política.
Más allá del intercambio político, el fondo del asunto tiene que ver con cómo se rediseñan las reglas del juego democrático en México. Las reformas electorales no solo impactan a los partidos, sino también a la forma en que se organizan las elecciones, se fiscalizan los recursos y se garantiza la participación ciudadana.
El hecho de que el “Plan B” llegue al Senado después de que la primera versión no avanzara también refleja cómo funcionan las negociaciones en el Congreso: cuando una propuesta no tiene los votos suficientes, se ajusta para intentar construir acuerdos. En política pública, esto no siempre significa debilidad, sino adaptación a las condiciones reales del poder legislativo.
Ahora, el debate se traslada al Senado, donde se anticipa una discusión intensa entre quienes ven en la propuesta una oportunidad para hacer más eficiente el sistema electoral y quienes consideran que podría debilitar ciertos contrapesos institucionales.
En cualquier caso, lo que está claro es que la discusión no es solo técnica, sino profundamente política: se trata de definir qué tipo de democracia quiere el país y bajo qué reglas se va a competir en los próximos años.