Durante una conferencia de prensa desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la mandataria capitalina informó que las labores de rescate concluyeron tras aproximadamente 20 horas de trabajo continuo por parte de un operativo interinstitucional integrado por cerca de 400 elementos de cuerpos de emergencia y dependencias federales y locales.
Brugada Molina confirmó que el derrumbe ocurrido en un inmueble ubicado en la calle San Antonio Abad número 124 dejó tres víctimas mortales, de 40, 33 y 30 años de edad. Asimismo, señaló que un trabajador de 43 años fue rescatado con vida y trasladado al Hospital Rubén Leñero, donde —de acuerdo con la Secretaría de Salud de la Ciudad de México— se reporta estable y fuera de peligro.
La jefa de Gobierno expresó solidaridad con los familiares de las víctimas y aseguró que el gobierno capitalino mantendrá acompañamiento permanente a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Dicho apoyo contempla asesoría jurídica, asistencia institucional y facilidades para las familias, quienes provienen de los estados de México, Hidalgo y Veracruz.
“Reafirmamos nuestro compromiso con la reparación integral del daño, con el esclarecimiento de los hechos y con que se haga justicia. No puede haber impunidad”, sostuvo la mandataria, al confirmar que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ya abrió una carpeta de investigación para determinar responsabilidades.
De acuerdo con información del Gobierno capitalino, el edificio colapsado era una propiedad privada que había resultado gravemente afectada por los sismos de 2017. El Instituto de Seguridad para las Construcciones de la Ciudad de México determinó desde el 25 de mayo de 2018 la necesidad de su demolición total por riesgo estructural, lo que fue notificado posteriormente al propietario por el Comité de Emergencias de Protección Civil.
Según la Secretaría de Vivienda de la Ciudad de México, los trabajos de demolición eran gestionados por particulares mediante el Fideicomiso 777, constituido en noviembre de 2020 para ejecutar las acciones relacionadas con el inmueble. En julio de 2025, el representante legal solicitó la aplicación del Acuerdo General de Facilidades Administrativas para demoliciones ante la Comisión para la Reconstrucción.
El titular de la Secretaría de Vivienda, Inti Muñoz Santini, explicó que la normativa vigente —incluyendo la Constitución Política de la Ciudad de México, la Ley Orgánica de Alcaldías y el Reglamento de Construcciones— establece que corresponde a las alcaldías supervisar las obras y demoliciones en su territorio, garantizando medidas de seguridad para trabajadores, edificaciones colindantes y la vía pública.
En este contexto, la jefa de Gobierno anunció que exhortará a las 16 alcaldías a fortalecer los mecanismos de supervisión y vigilancia en procesos de demolición para evitar riesgos laborales y estructurales en este tipo de obras, al tiempo que reconoció la labor de rescatistas, bomberos, personal de Protección Civil y binomios caninos que participaron en las tareas de búsqueda.
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que la coordinación entre dependencias locales, así como el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional, permitió atender la emergencia y concluir las labores de rescate en un tiempo considerado “récord” por las autoridades.
No obstante, el incidente vuelve a colocar en el centro del debate la supervisión de obras de demolición en la capital del país, particularmente en edificaciones dañadas por los sismos de 2017 que continúan en procesos de reconstrucción o retiro estructural.