Por Bruno Cortés
En el Congreso volvió a discutirse un tema que cruza turismo y seguridad infantil. El diputado Ernesto Sánchez Rodríguez, del PAN, presentó una iniciativa para que hoteles, moteles y plataformas digitales de alojamiento estén obligados a llevar un registro administrativo de niñas, niños y adolescentes que se hospeden en sus instalaciones.
La propuesta busca añadir los artículos 59 Bis y 73 Bis a la Ley General de Turismo. En términos sencillos, plantea que cuando una persona adulta llegue con un menor a un hotel o reserve por una plataforma digital, deberá proporcionar identificación oficial vigente, declarar el vínculo que tiene con el menor —ya sea por patria potestad, tutela, guarda y custodia o parentesco—, explicar el motivo del hospedaje y registrar únicamente el nombre completo y la edad del niño o adolescente.
La lógica detrás de esta medida es preventiva. Según la exposición de motivos, espacios de hospedaje sin controles claros pueden ser utilizados por redes criminales para trasladar o esconder a menores víctimas de trata o explotación. El registro no busca investigar a las familias, sino dejar una trazabilidad básica que permita actuar rápido si hay una alerta o denuncia.
El legislador subraya que la información deberá manejarse bajo estrictas reglas de confidencialidad, conforme a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, y conservarse solo el tiempo necesario. Además, los datos solo podrán entregarse a autoridades competentes cuando se requieran para prevenir o investigar un posible riesgo para menores.
Un punto clave es que, si la persona adulta se niega sin justificación a proporcionar la información mínima, el establecimiento podrá negar el servicio. También se contemplan sanciones para los prestadores que incumplan: multas de hasta 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. En caso de reincidencia, podría haber suspensión temporal de la autorización hasta por 90 días. Y si la omisión deriva en un riesgo comprobado de trata, explotación o desaparición, se prevé incluso la cancelación definitiva del registro, sin excluir responsabilidades penales.
La iniciativa también plantea coordinación entre la Secretaría de Turismo, el Sistema Nacional DIF y la Guardia Nacional para supervisar el cumplimiento y atender posibles irregularidades. El objetivo es que no haya vacíos legales entre hoteles tradicionales y plataformas digitales, donde hoy las reglas pueden variar.
Desde una perspectiva de política pública, la propuesta intenta equilibrar dos derechos: el derecho a la privacidad y el derecho superior de la niñez. La apuesta es que un mecanismo sencillo de identificación del adulto responsable puede convertirse en una herramienta útil para prevenir delitos graves sin imponer trámites excesivos a las familias.
Ahora la iniciativa está en la Comisión de Turismo, donde se discutirá si este registro obligatorio se convierte en una nueva regla para todo el sector. De aprobarse, cambiaría la forma en que operan hoteles y plataformas en México, con la intención de cerrar puertas a la explotación infantil y reforzar la protección de menores en espacios de hospedaje.