En medio de las tensiones que suelen aparecer al cierre del año, el gobierno federal apostó por la ruta que dice preferir desde el inicio: sentarse a hablar. Este jueves, desde Palacio Nacional, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, dejó claro que para resolver conflictos no hace falta cerrar carreteras ni afectar a la gente, sino abrir mesas de diálogo y cumplir acuerdos.
La historia del agua en México siempre ha sido complicada, pero estos días en San Lázaro se volvió un rompecabezas político que trae a todos pendientes: productores, legisladores y al propio gobierno federal. El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, explicó que la Comisión de Recursos Hidráulicos está a punto de discutir el nuevo dictamen de la Ley General de Aguas con 50 modificaciones incorporadas, todas hechas a contrarreloj para atender las preocupaciones de quienes viven del campo. La idea es que el documento quede listo “temprano” para subirlo al Pleno si se requiere, aunque nadie se atreve a asegurar que ya esté completamente cerrado.
En la Cámara de Diputados el ambiente anda cargado, y no solo por la agenda de fin de periodo. El tema que trae a todos con el nervio de punta es la nueva ley de aguas, una reforma que suena técnica, pero que en la práctica podría moverle el piso a casi 600 mil familias con concesiones vigentes. Por eso, antes de que el dictamen llegue a su recta final, la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, decidió abrir la puerta a quienes serían los más afectados: productores del campo de 10 estados que viajaron a San Lázaro para ser escuchados.
La discusión sobre el agua volvió a encender los ánimos en San Lázaro. A pesar de que el dictamen de la nueva Ley General de Aguas y las reformas a la Ley de Aguas Nacionales ya suma 56 cambios para atender las exigencias de productores agrícolas, las bancadas del PRI y PAN anunciaron su rechazo total a la propuesta impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.
En conferencia de prensa, el secretario de Agricultura, Julio Berdegué Sacristán, explicó que el gobierno federal no puede aceptar la exigencia de los productores de elevar el precio de la tonelada de maíz a 7 mil 200 pesos. Recordó que hace apenas unos años el pago era de 4 mil 200 pesos y que hoy supera los 6 mil, pero un aumento adicional impactaría directamente en el costo de la tortilla, un alimento básico para millones de familias.
San Ignacio Río Muerto, Sonora; 21 de noviembre de 2025.- Tras cinco décadas de gestiones inconclusas, el gobernador Alfonso Durazo Montaño y...
La capital recibirá por primera vez a productores de siete estados para promover el consumo justo, la diversidad culinaria y la riqueza agrícola nacional.