En la Cámara de Diputados no todo gira en torno a reformas y votaciones. También hay espacio para discutir temas que, aunque parecen lejanos a la política dura, en realidad tocan fibras clave de la democracia. Esta vez, el diputado Gildardo Pérez Gabino puso sobre la mesa una pregunta incómoda pero necesaria: ¿se debe sancionar a los medios por difundir noticias con enfoque amarillista?
Lo que parecía una reunión rutinaria terminó encendiendo un debate de fondo sobre desigualdad en el periodismo. En Querétaro, personal de la XVI Zona Militar convocó a un encuentro con medios, pero el detalle que detonó la polémica fue claro: solo se invitó a hombres.
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, aseguró que en la capital no existe censura ni pactos de silencio con los medios de comunicación, y rechazó versiones que la señalan de haber solicitado acuerdos para limitar la difusión de información, particularmente en materia de seguridad.
A unos días de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación analice la constitucionalidad de la Ley General de Comunicación Social, ARTICLE 19 México, junto con organizaciones y activistas, advirtió que la norma mantiene riesgos estructurales para la libertad de expresión y el derecho a la información en el país. El pronunciamiento subraya que, pese a los criterios retomados por la Corte sobre reglas claras en la asignación de publicidad oficial, persisten vacíos que abren la puerta a usos discrecionales de recursos públicos.
La discusión política en la Ciudad de México volvió a encenderse, y esta vez el fuego salió desde el Congreso capitalino. Paulo Emilio García, vocero de Morena, acusó a varios medios nacionales de haber participado —consciente o inconscientemente— en un “montaje” alrededor de la manifestación del 15 de noviembre, donde circularon imágenes de supuestos actos de represión policial. Según él, lo que se vio en pantalla no fue una víctima espontánea de abuso, sino una pieza en un guion político armado desde la oposición.