En medio de los ajustes que sigue viviendo el sistema de justicia en México, la diputada Olga Sánchez Cordero puso sobre la mesa una propuesta de fondo: modificar la Constitución para mejorar cómo funciona el Poder Judicial de la Federación y evitar que se contamine de intereses políticos.
Un grupo de jueces y magistrados federales cesados alzó la voz tras salir inconformes de una reunión con el Órgano de Administración Judicial (OAJ), a la que acudieron con la esperanza de obtener claridad sobre el proceso de pago de sus indemnizaciones. La reunión, prevista para analizar los criterios de cálculo y entrega de los montos contemplados en las reformas constitucionales de 2024, terminó —según ellos— sin respuestas y con más dudas que certezas.