En medio del debate sobre seguridad y justicia en el país, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dejó clara una línea que, en teoría, debería ser inamovible: nadie puede ser tratado como culpable sin antes ser juzgado. Y eso aplica incluso en casos complejos, como los de jóvenes reportados como desaparecidos que después aparecen vinculados a actividades delictivas.
Para la diputada Olga Sánchez Cordero, uno de los grandes pendientes del Estado mexicano no está en crear nuevas leyes espectaculares, sino en hacer que las instituciones encargadas de investigar delitos realmente funcionen. Desde su experiencia como jurista y exministra, la legisladora de Morna sostiene que es urgente meterle mano a la procuración de justicia para reestructurar fiscalías y fortalecer las investigaciones, especialmente cuando se trata de corrupción.
El Instituto Nacional Electoral (INE) dejó claro que su papel en México va más allá de organizar elecciones. Durante la más reciente sesión del Consejo General, el organismo informó que ha recibido más de 98 mil solicitudes relacionadas con la identificación y localización de personas desaparecidas, derivadas de convenios interinstitucionales para realizar confrontas biométricas y análisis de información.