En la OEA se vivió uno de esos momentos donde la diplomacia mexicana se planta firme, con argumentos jurídicos, políticos y, sobre todo, humanos. México reiteró su compromiso con el asilo político, una figura que ha sido parte de su identidad internacional por décadas y que, en palabras sencillas, significa darle protección a una persona cuando su vida o libertad están en riesgo por motivos políticos.
Alejandra Cuevas Morán volvió al centro del debate público tras responderle directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum, luego de que la mandataria elogiara el trabajo del exfiscal Alejandro Gertz Manero y confirmara que ocupará una embajada en el extranjero. Para Cuevas, esas declaraciones fueron una señal de respaldo político a quien —asegura— fue el responsable de que pasara 528 días en prisión por un delito inexistente.
Cada primero de diciembre el mundo hace una pausa para recordar algo que no debería olvidarse: la lucha contra el VIH y el SIDA sigue viva. No es una efeméride más, sino un recordatorio de que millones de personas enfrentan esta condición, de que miles han perdido la vida y de que el estigma, aunque muchos crean que ya quedó en los ochenta, aún sigue ahí. Por eso, desde el Congreso, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, envió un mensaje claro: es momento de transformar por completo la forma en que respondemos al VIH.
La política a veces parece lejana, pero cuando se habla de salud, dignidad y derechos humanos, las discusiones del Congreso terminan tocando la vida diaria de miles de personas. Eso ocurrió en el “Encuentro Regional VIHDA, VIHSIÓN, VÍHNCULOS para acciones positivas”, donde diputadas, diputados, especialistas y activistas de varios países pusieron sobre la mesa un mensaje claro: México no puede seguir enfrentando el VIH con estigmas, castigos o improvisación, sino con educación, ciencia, prevención y presupuestos que realmente atiendan el problema.
En la Cámara de Diputados el ambiente anda cargado, y no solo por la agenda de fin de periodo. El tema que trae a todos con el nervio de punta es la nueva ley de aguas, una reforma que suena técnica, pero que en la práctica podría moverle el piso a casi 600 mil familias con concesiones vigentes. Por eso, antes de que el dictamen llegue a su recta final, la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, decidió abrir la puerta a quienes serían los más afectados: productores del campo de 10 estados que viajaron a San Lázaro para ser escuchados.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que el Gobierno Federal contactará a dos exintegrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para conocer si desean reincorporarse a la investigación del caso Ayotzinapa, una de las heridas abiertas más profundas del país.
En una mesa de trabajo con la Comisión de Derechos Humanos del Congreso capitalino, el COPRED expuso la urgencia de incrementar su presupuesto para 2026, al advertir que los recursos actuales resultan insuficientes para atender la creciente demanda ciudadana, fortalecer sus cuatro ejes institucionales y garantizar una política efectiva de igualdad y no discriminación en la capital del país.
En el Congreso mexicano, el diputado Rubén Moreira Valdez, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, lanzó advertencias sobre la iniciativa de Ley de Aguas que está en discusión. Según el legislador, hay preocupaciones que no han sido tomadas en cuenta por quienes impulsan la reforma y, además, el proyecto no garantiza más producción agrícola. “Nos dicen que quieren que haya distritos de riego, que se produzca más. Pues creo que eso todos lo queremos, pero la ley que se está presentando no nos lleva exactamente a eso”, explicó.
En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Secretaría de Relaciones Exteriores aprovechó el escenario para presentar la versión actualizada del Protocolo de Atención Consular para Personas Víctimas de Violencia Basada en el Género, un documento que baja a tierra uno de los compromisos centrales de la política exterior de México: proteger a quienes viven fuera del país, especialmente a mujeres y niñas que enfrentan entornos hostiles.
La disputa política por la marcha del 15 de noviembre sigue creciendo, y ahora alcanzó de lleno al Senado. La panista Lilly Téllez anunció que presentará un punto de acuerdo para exigir que la presidenta Claudia Sheinbaum se abstenga de ordenar o promover cualquier investigación o señalamiento que pueda criminalizar a quienes asistieron a la protesta convocada por la llamada “Generación Z”. La senadora argumenta que la movilización no debe convertirse en un pretexto para perseguir disidencias, y pidió que se garantice el derecho constitucional a manifestarse sin miedo a represalias.